La nueva regulación de pago entre empresas tiene ‘trampa’

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MOROSIDAD

El periodo de cobro de las facturas mejora, pero aún incumple con la ley

25 de febrero de 2013 (19:31 CET)

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha advertido de que la nueva regulación sobre el pago entre empresas podría no surtir efecto.

La entidad impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales afirma que “el espíritu de la reforma es cada vez más claro y apunta en el buen camino, pero creemos que quedan algunos resquicios legales que sería conveniente acotar para asegurar que las modificaciones recientemente aprobadas obtengan los resultados previstos y sean un instrumento eficaz para reducir los plazos de pago en España”.

La PMcM señala que se debería derogar el artículo 17 de la Ley del Comercio Minorista y el artículo 228 de Contratación Pública, para “acabar con el trato de favor a distribuidores y contratistas, respectivamente”, explica el presidente de la plataforma, Antoni Cañete.

Más medidas

La PMcM propone establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros. Además, cree fundamental la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos, así como la generalización de la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción.

Para Cañete, todas estas propuestas son necesarias “si queremos cumplir el objetivo fundamental de asegurar unos plazos de pago razonables que permitan equiparar la competitividad de nuestras pymes y autónomos con la del resto de nuestros vecinos europeos”.

Un mes, como mucho dos

El Gobierno aprobó el pasado viernes un conjunto de cambios legislativos en el pago entre empresas para poder transponer la directiva de la lucha contra la morosidad que exige Bruselas. El principal cambio es el plazo de los pagos. A partir del próximo 16 de marzo la morosidad entre empresas será solo de 30 días.

El nuevo marco da la posibilidad de que se alargue hasta dos meses siempre y cuando las partes lo pacten. “Nos parece especialmente trascendente que la transposición de la Directiva 7/2011/ UE de Medidas de Lucha contra la Morosidad no haya introducido el pacto de las partes para pagos por encima de los 60 días, es decir, que haya fijado un plazo de pago estándar de 30 días ampliable solo hasta un máximo de 60 días si así lo acuerdan las partes”, dice Cañete.
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