La sal de la tierra se zambulle en el agua

El sector salinero denuncia a la Generalitat de favorecer a Iberpotash. El conflicto de la sal del Bages se recrudece; se desparrama por el territorio y coloniza los tribunales de Justicia. Los jueces reabren sus autos; lo civil y lo contencioso se convierten en materia penal y la Fiscalía entra de nuevo al trapo, inopinadamente, como un caballo troyano.

El proyecto Phoenix presentado por Iberpotash (la empresa minera con instalaciones en Suria y Cardona, una multinacional de matriz israelí) trata de resolver el problema medioambiental. Pero su empeño no resulta del todo convincente, como ha demostrado un informe elaborado por el prestigioso bufete de Ramón Folch, que puntualiza técnicamente el origen del problema medioambiental provocado por la extracción de potasas.

Incumplimientos medioambientales

Las empresas salineras españolas, reunidas en AFASAL, consideran que todos los posibles incumplimientos ambientales permitidos por la Generalitat de Catalunya así como los gastos de reparación costeados por el Agencia Catalana de l’Aïgua (ACA), que al fin y al cabo es del erario público, representan ayudas ilegales y ahorros muy considerables que podrían suponer una competencia desleal intolerable.

Cuando la sal de la tierra se ha zambullido en el agua de El Llobregat, se ha abierto la caja de los turnos. Como es bien sabido, la Administración pasó de puntillas sobre estas contaminaciones responsables de la salinización del río. En el fragor del combate soberanista, la tierra se mineralizó (“la terra no sabrà mai mentir”, escribió Ventura i Gassol en Les tombes flamejants), pero sus filtraciones freáticas conservan intacta la memoria. Al fin, la salinización fue discretamente (solo discretamente) abordada durante la polémica privatización de Aguas del Llobregat.

Derrumbe de precios

Iberpotash considera que los productores salinos temen por el aumento espectacular de la oferta que podría suponer la ejecución de su proyecto y el derrumbe de precios que podría acarrear. Pero la realidad es que nunca anteriormente una nueva instalación o un incremento de capacidad de un productor español o portugués habían generado denuncias por parte de AFASAL, quien obliga por estatutos a sus miembros a cumplir con la legislación vigente y el respeto del medioambiente. Una vez conocido el Informe Folch, AFASAL debatió el problema en asamblea en presencia de Iberpotash (que es una de las empresas asociadas a esta patronal), el pasado 8 de noviembre.

Oficialmente, el segundo episodio de la batalla se desencadenó ayer, con una denuncia de AFASAL contra Iberpoitash ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Pero, en realidad, había empezado antes, el nueve de noviembre, cuando Iberpotash se adelantó denunciando ante la CNC a sus litigantes, la patronal Afasal y la francesa Salins du Midi. Fuentes del sector señalan que Iberpotash actuó de este modo con el fin de contrarrestar el enorme shock que supone que una asociación de productores denuncie a uno de sus miembros.

Las causas

La guerra de la sal del Bages no tiene como causa única los intereses empresariales. Detrás de las disputas judiciales y mercantiles se encuentra la opinión ciudadana marcada por plataformas, como Montsalat o Prousal, que este mismo sábado, día 15, celebrarán una concentración, cuyo nivel de participación dará la medida del movimiento popular en los próximos meses. Una patata caliente para el consejero de Territorio, Recoder, el dirigente de CiU con mayor aceptación entre las elites económicas, llamado por algunos a substituir a Mas si las encuestas no mejorar la percepción post electoral.

Las plataformas cívicas, muy lejos de los pretendidos intereses económicos salineros, fueron los artífices de los procedimientos judiciales emprendidos hace ya más de quince años contra Iberpotash, quien tendrá en breve que responder de posibles responsabilidades penales ante la Sala 2 de los Juzgados de Manresa.

Clúster químico

Además del impacto medioambiental, la comarca del Bages está muy sensibilizada respecto al futuro industrial de la cuenca minera. El proyecto Iberpotash, materializado por el comienzo de la ejecución de una rampa de extracción denunciada ante los tribunales, quiere ser en el futuro un clúster químico, conectado con el Puerto de Barcelona y el corredor mediterráneo.

Desgraciadamente y desde el desembarco de Iberpotash no puede decirse que los problemas hayan desaparecido. La precaria situación de las arcas públicas y la situación del sector químico catalán, que usa la sal para producir PVC y cuyo consumo ha desaparecido con el cataclismo de la construcción, dejan muy en el aire este proyecto faraónico. La justicia también parece haberse sumado con una sentencia del TSJC, recurrida por Iberpotash ante el Supremo, que anula parcialmente las autorizaciones de la mina de Sallent y cuya ejecución fue presentada hace aproximadamente un mes en base a graves incumplimientos medioambientales y mineros. Todos echan en falta un posicionamiento de la Generalitat mientras el Departamento de Recoder asiste mudo al desarrollo de esta historia.