Las grandes cárnicas se alarman por el cerco contra el falso autónomo

La industria cárnica española ha disparado las alarmas por el cerco del nuevo gobierno contra el uso de los falsos autónomos. El cambio de gobierno en junio de 2018 se ha traducido en un mayor control contra el uso de falsos autónomos y también en un cambio de criterio de los inspectores. Lo que antes era tolerado y aprobado, ahora comienza a ser perseguido y sancionado.

Las grandes industrias cárnicas han reaccionado con temor ante la última ofensiva de las inspecciones del trabajo que han levantado actas contra una práctica generalizada en la industria cárnica, especialmente en los mataderos, donde los trabajadores encargados del despiece son trabajadores por cuenta propia y socios de una supuesta cooperativa: Servicarne.

El sindicato Comisiones Obreras ha aprovechado el cambio de criterio de los inspectores laborales para hacer público un semáforo en el que se mencionan a las grandes empresas que recurren a los trabajadores de esta cuestionada cooperativa y que operan bajo la figura de autónomos.

El sindicato ha levantado su dedo acusador contra Vall Companys, una de las gigantes de la alimentación que provee productos a Mc Donald’s y a otras grandes empresas de la comida rápida, Incarlopsa, interproveedor de Mercadona, Grupo Tello y la cooperativa del Valle de los Pedroches. Comisiones Obreras les acusa de violar la ley y de abusar de la figura de falsos autónomos para ahorrar costes laborales.

De la aprobación a la sanción

La patronal cárnica ha saltado en defensa de sus empresas y ha enviado un burofax al sindicato para que retire todas sus acusaciones. Anice, que representa a las grandes empresas del sector, asegura que las compañías no han vulnerado la ley sino que, con el cambio de criterio de los inspectores, se ha dado lugar a un limbo jurídico.

Una de las empresas señaladas, Vall Companys, ha asegurado que hasta ahora la figura de la contratación de trabajadores por medio de cooperativas laborales como Servicarne ha sido un modelo aceptado. Las empresas del sector –explican desde el gigante cárnico— han ganado hasta ahora 23 sentencias judiciales en conflictos planteados por trabajadores o sindicatos contra este modelo laboral.

Pero las cosas han cambiado. La actual ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, prometió una mayor vigilancia contra las empresas que cometen fraudes laborales y aseguró que el gobierno pondrá especial énfasis en el abuso de la contratación a tiempo parcial, contratación temporal y también de falsos autónomos.

Empresas en estampida

Ahora, la alarma comienza a embargar a las empresas del sector. Vall Companys ha reducido de 430 a 350 los trabajadores contratados como autónmos a través de Servicarne. Los 80 trabajadores no han sido contratados directamente por Vall Companys sino que han sido asumidos por una empresa intermediaria.

La compañía catalana asegura que tiene voluntad de “aclarar la situación” y está dispuesta a dialogar con sindicatos y gobierno.

Valls Companys no ha sido la única en reducir su número de trabajadores procedentes de las cooperativas denunciadas. En julio pasado, la Seguridad Social obligó a la empresa gallega Coren a contratar 1.100 trabajadores de Servicarne, una empresa que el ente público ha calificado como “cooperativa de apariencia”.

Servicarne ha reconocido el pánico general en el sector al admitir, en su propia web, que ha perdido a la mitad de sus clientes.

El ministerio de Trabajo, los sindicatos y los representantes de las empresas han comenzado a entablar un diálogo para dejar claras las líneas de la legalidad con la contratación de trabajadores de estas cooperativas ahora cuestionadas.