Los bonistas de Fergo Aisa se resisten a perder la esperanza de recuperar su dinero. Las denuncias contra BankPyme, entidad actualmente absorbida en CaixaBank y que validó la operación, para intentar que se les restituya el dinero que invirtieron con información falseada en deuda de la inmobiliaria se acumulan en los juzgados. Las primeras sentencias que han aparecido sucesivamente desde mediados de 2013 les dan la razón.
Los fallos utilizan argumentos muy similares para establecer la nulidad de los contratos y el pertinente retorno de los fondos. Apuntan a que los inversores estuvieron en una situación de déficit informativo y falta de transparencia sobre la situación económica de la inmobiliaria, actualmente en concurso de acreedores.
Argumentos judiciales
Fuentes del Col·lectiu Ronda, organización que ha obtenido hasta la fecha 15 victorias judiciales en esta causa, indican que, según el momento en que se emitieron los bonos, también se incluye como causa de nulidad el hecho de que no se informó sobre la entrada en concurso de acreedores de la compañía. El montate total de los bonos de Fergo Aisa asciende a 25 millones de euros y afectan a 1.000 inversores.
Pese a la resolución judicial, es muy difícil que los bonistas recuperen su inversión. La sociedad BankPyme (en la actualidad Ipme 2012) se encuentra en proceso concursal, por lo que estos bonistas se suman a la lista de acreedores. El orden de prelación deja muy pocas opciones de cobrar las cantidades.
Una nueva vía
Los afectados de Fergo Aisa iniciaron este julio una nueva vía judicial. El Col·lectiu Ronda apunta a CaixaBank. Acusan al banco catalán de rehuir sus responsabilidades frente a la situación. «CaixaBank adquirió el negocio financiera pero no las responsabilidades en cuanto a las reclamaciones que se deriven de los productos financieros», explican fuentes judiciales.
Consideran que no hay amparo legal para la pretensión de esquivar las obligaciones contraídas en calidad de entidad absorbente y sucesora.
Fergo Aisa entró en concurso de acreedores a principios de julio de 2013. Su pasivo ronda los 250 millones de euros. Los juzgados mercantiles han dictado ya auto de liquidación de la firma. Sobre el consejo de administración, liderado por el empresario Carlos Fernández, recae un embargo preventivo de 116 millones de euros.
