Los estibadores acorralan al Gobierno para resolver la liberalización del sector

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La trabajadores envían un mensaje a la ministra Pastor: "Hay que resolver el asunto antes de las generales"

La UE ha ordenado eliminar el blindaje laboral de los estibadores

Barcelona, 29 de mayo de 2015 (20:16 CET)

Presión extra sobre el Gobierno para resolver la liberalización de la estiba. Más de 300 delegados del sector se reunirán en asamblea en Vigo el martes para enviar un mensaje al Ministerio de Fomento: la reforma del sector debe ejecutarse antes de las elecciones generales, no después como pretende Ana Pastor.

"No creemos que esté en interés de nadie, ni de los trabajadores, ni del Gobierno, ni de la industria, demorar el proceso hasta después de las urnas", ha señalado a Economía Digital Antolín Goya, secretario general de la Coordinadora de Trabajadores del Mar.

En los prolegómenos de la asamblea estatal de la agrupación, que arranca en Vigo el martes, el mensaje del sector al Estado es contundente. "Cada día sin acuerdo genera inestabilidad en el sector de la estiba", ha añadido Goya.

Plan de los sindicatos

La pelota sigue el tejado de Puertos del Estado. Los sindicatos han presentado una hoja de ruta para homologar la legislación española a la comunitaria. El paso es necesario después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre. La corte concluyó que el sistema de contratación de estibadores en España vulnera la libertad empresarial.

Según los estibadores, la propuesta va en línea con la legislación internacional en contratación portuaria. Respetando, añaden, las características de los puertos españoles. "Decimos sí a la contratación privada. Puede coexistir con el modelo actual", subraya el portavoz.

Anomalía laboral

En la actualidad, las empresas del sector no pueden contratar libremente a sus empleados, sino que deben participar en el capital de sociedades de gestión de estibadores. Las Sagep, su denominación oficial, son las que proporcionan el personal.

Pero el modelo de bolsas de empleo lamina la competencia, según la Unión Europea. La sentencia del TJUE concluye que si una empresa internacional quiere establecerse en un puerto español de interés general, no puede hacerlo por el blindaje laboral de los trabajadores.

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