Madrid perderá unos 100 millones de euros con la privatización de los pisos protegidos

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La empresa ganadora podrá obtener hasta 45.000 euros de rentabilidad por cada vivienda que logre vender

14 de julio de 2013 (19:54 CET)

La operación de privatización de 3.000 viviendas protegidas para jóvenes supondrá una pérdida de unos 100 millones de euros para la Comunidad de Madrid. El coste de construcción de las promociones, que se encuentran en proceso de subasta, ascendió a 283 millones de euros, según los datos que aportó en su momento el gobierno de la Comunidad.

Pero el precio que aspira a obtener el gobierno autonómico para deshacerse del parque inmobiliario es mucho menor. Unos 170 millones de euros es la cantidad mínima exigida a los concursantes. Diez empresas han aprobado los requisitos técnicos y económicos de la subasta. A la espera de conocer las ofertas económicas, la nota técnica más elevada fue asignada a Goldman Sachs.

Fuentes cercanas al concurso aseguran que la mayoría de las ofertas están muy cercanas al precio mínimo, tal como ocurrió en el concurso de privatización de la gestión hospitalaria.

Opción a compra

Las promociones que han salido a subasta tienen la modalidad de alquiler con opción a compra. A partir del próximo año los inquilinos podrán decidir si adquieren el inmueble o continúan con el contrato actual. La compra de la vivienda supone, en promedio, un desembolso de entre 80.000 y 100.000 euros para cada arrendatario.

La empresa ganadora podrá obtener los pisos en 56.000 euros, lo que le aportaría unos 45.000 euros por cada venta. Pero ¿por qué el gobierno regional ha decidido ceder las viviendas muy por debajo del precio que le costó construirlas?

Algunas promociones incluidas en la subasta sufren impagos y ocupaciones ilegales, una problemática que deberá asumir íntegramente la empresa compradora. El gobierno regional también justifica el bajo precio por la caída que ha experimentando la vivienda y que, según sus previsiones, seguirá disminuyendo.

Posible demanda

Comisiones Obreras estudiará introducir dos recursos judiciales contra el proceso privatizador. El primero se basa en la ley de arrendamiento urbano, que establece que el inquilino tiene el derecho de tanteo (prioridad para comprar) cuando una vivienda se pone a la venta. El segundo recurso es una querella por expolio del patrimonio de la Comunidad.

“Los precios de los pisos no han caído tanto ni las viviendas son tan problemáticas como dice la Comunidad. Conozco personalmente varias promociones y todos los inquilinos pagan con regularidad”, explica Raúl Cordero, secretario de política territorial de CCOO de Madrid.

En un principio, la empresa ganadora sólo podrá vender las viviendas a los precios regulados para los pisos protegidos, pero a partir de los 10 años, podrá ofrecerla en el mercado libre, lo que podría disparar el beneficio de la operación.
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