Mariona Carulla imputada por el caso Agrolimen

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Dos hermanos de la presidenta del Palau: Lluís y Montserrat también tendrán que declarar

Mariona Carulla

23 de marzo de 2011 (10:48 CET)

La presidenta del Palau de la Música Catalana, Mariona Carulla, y sus hermanos Lluís y Montserrat, deberán declarar en calidad de imputados en la investigación que se sigue por un presunto fraude fiscal en el grupo empresarial Agrolimen.

La declaración ante el juez que lleva la investigación del caso Agrolimen de los tres hermanos Carulla podría realizarse a principios del mes que viene, según fuentes judiciales. Estas diligencias se sumarán a las declaraciones que ya realizaron otros tres hermanos, Artur, Aurèlia y Jordi, que ya declararon en el juzgado número 4 de Barcelona para aclarar su relación respecto al grupo de empresas que habría servido para realizar una evasión fiscal.

Los seis hermanos Carulla son propietarios del grupo empresarial Agrolimen. Una corporación de las más relevantes de Catalunya, con gran peso en el ámbito alimentario. Mariona Carulla tiene una fuerte presencia en la vida pública catalana, ya que sucedió a Fèlix Millet como presidenta del Palau de la Música Catalana. El cargo inicialmente provisional, fue revalidado en unas elecciones celebradas el pasado 24 de noviembre.

Investigación abierta

La investigación judicial sobre la familia Carulla tiene su base en un informe de la Agencia Tributaria. El juez pretende averiguar si los propietarios de Agrolimen evadieron impuestos por lo menos durante cinco años usando una serie de empresas instrumentales situadas en paraísos fiscales o con unas legislaciones impositivas muy favorables.

Uno de los puntos sobre los que se ha interesado el juez es una operación de compra-venta de acciones entre una empresa del grupo ubicada en Holanda y Arbor Invest, otra sociedad de la corporación. Con dicha transacción se habrían ocultado a Hacienda unos beneficios de 61 millones de euros.

El juez investiga también si varios préstamos entre empresas del grupo, algunas con sede oficial en paraísos fiscales, sirvieron para evadir impuestos.
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