Tarragó, el ex testaferro justiciero frente al bufete de las ‘off shore’

El ahora pensionista acusa a Rafael Roca, que dirige un despacho que asesora a empresas relacionadas en los papeles de Panamá, de abuso de poder

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Josep Maria Tarragó es persistente. Quiere luchar hasta el final. Trabajó como testaferro para Rafael Roca, del despacho Estudio Legal Roca &Asociados, durante diez años, entre 1996 y 2006. Ahora, como pensionista, en condiciones precarias, reclama justicia e intenta salvarse de una sentencia en contra por un delito societario. Considera que Roca cometió un abuso de poder, y que no le informó de las empresas en las que acababa vinculado. El bufete Roca es uno de los que más sociedades off shore ha gestionado en Cataluña, con registros en Panamá, según la investigación que llevó a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La situación de Tarragó es delicada. No oculta su trabajo como testaferro, y recuerda que Roca le ofrecía 1.000 euros por cada empresa que se creaba. “Me pagaban con cheques, pero oficialmente yo no existía”. Pero ocurrió que fue denunciado por una abogada del propio bufete, la misma que le acompañaba en algunos viajes, según apunta Tarragó. Se trató de un delito societario por una apropiación indebida de 20.000 euros de una empresa en la que él constaba como administrador único. El ahora jubilado, ex empresario, “arruinado cinco veces, después de levantarme otras cinco”, denunció a Roca por fraude a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y a los acreedores particulares”.

Su intención “es seguir hasta el final”, con el objetivo de que el propio despacho reaccione, después de rechazar, sin embargo, una “especie de acuerdo, que suponía 300 euros al mes, durante tres años, y 10.000 euros, si decidía dejar la lucha judicial”.

La historia de Tarragó demuestra la utilización de profesionales, por parte de los despachos de abogados, que establecen relaciones desiguales, sin que los propios implicados sepan realmente qué funciones han desarrollado –pese a la responsabilidad de cada uno como ciudadano. Con oficinas en Barcelona, Madrid y Tenerife, el despacho Roca fue fundado por Rafael Roca García, licenciado en derecho por la Universidad de Navarra, especialista en planificación fiscal y derecho tributario. Entre sus servicios como bufete, destaca el “diseño e implementación de la estrategia financiera y la gestión periódica de las inversiones de toda índole, siguiendo unos límites y requisitos previamente definidos que se adapten a los objetivos y necesidades de los inversores”.

El ahora jubilado, ex empresario, “arruinado cinco veces, después de levantarme otras cinco”, denunció a Roca por fraude a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y a los acreedores particulares”

Entre las sociedades que gestionó el bufete, destaca en las hemerotecas la ya inactiva Espener SA, con domicilio en la isla de Niue. Resultó que uno de sus máximos accionistas fue el constructor Josep Blanchart, que fue presidente de Construmat y consejero de Fira de Barcelona. Investigado por delito fiscal en 2002, fue acusado de evadir 1,1 millones de euros en una operación societario, como informó La Vanguardia.

Las sorpresas de esas empresas, que se crean y desaparecen, dejaron a Josep Maria Tarragó en una situación complicada. Tras el juicio, Tarragó trató de desaparecer de todas las sociedades, “pero lo que pasó es que ellos no me dieron de baja en el Registro Mercantil, cuando yo ya había dimitido de cualquier cargo y responsabilidad”. Lo que sucedió es que “utilizaron mi nombre como administrador cuando les interesó y cuando no, y se trató de una trampa, de un abuso total, que se debe resarcir”, asegura a Economía Digital.

Tras todos los esfuerzos necesarios en esa dirección, Tarragó asegura que no tiene ningún antecedente penal, que no consta en ninguna empresa en el registro mercantil. Y que si tiene algún otro problema, “será porque Roca me metió en muchos líos”.

La historia podría haber llegado a su fin, aunque este ex empresario –del sector textil—y ex testaferro no desfallece. Denunció su caso, tras la sentencia en contra, ante la Fiscalía, para que pudiera reabrir el caso. Pero el fiscal anticorrupción, el mismo que conduce estos días el juicio del Palau de la Música, Emilio Sánchez Ulled, consideró que “tras ser examinada y ante la falta de consistencia de la misma, se ha acordado la no incoación de diligencias de investigación y su archivo sin más trámite”, en mayo de 2016.

Tarragó sigue. Es muy persistente. No desfallece. Quiere que Roca “pague por todo lo que me ha hecho”. Es la historia de un testaferro superado por las actividades de un despacho que gestiona empresas off shore.

Economía Digital

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