Tasas judiciales e impagos, una espiral destructiva para pymes y autónomos

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JUDICIAL

Entrada de la ciudad judicial de Barcelona | EFE

28 de noviembre de 2014 (21:47 CET)

Las tasas judiciales impuestas por el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón han generado una espiral destructiva para pymes y autónomos. Miles de empresas se ven incapaces de reclamar facturas pendientes a sus clientes ya que el acceso a la justicia supone un coste extra para sus maltrechas tesorerías y que en ningún caso garantiza recuperar los fondos exigidos.

La situación es alarmante. Las patronales han empezado a mover ficha ante esta situación, de la misma forma que el colectivo de abogados se ha agrupado en un movimiento, la Brigada Tuitera #T. No obstante, el nuevo ministro de justicia, Rafael Catalá, aún se mantiene en silencio sobre si derogará la norma aprobada por su antecesor en el cargo.

¿Por qué conceptos se paga?

Las empresas pueden acudir a los tribunales mediante proceso verbal u ordinario. “Depende de dos motivos. El primero tiene que ver con las cantidades. Hasta 6.000 euros es verbal. Si es superior es ordinario. El segundo tiene que ver con determinadas materias. Por ejemplo, la venta a plazas de bienes inmuebles es verbal”, explica la abogada Sonia Reina, del despacho Zaragüeta-Reina.

La letrada, que pertenece es la responsable del grupo de trabajo de la Brigada en Barcelona, pone un ejemplo: “Una reclamación de impago de 30.000 euros asciende a una tasa de 450 euros en primera instancia. Todo ello sin contar el abogado y el procurador. En el caso que sea necesario apelar a una sentencia, se deberían abonar otros 800 euros más el 0,5% sobre el importe de la apelación". Finalmente, Reina indica que Ruiz-Gallardón decía falsamente que las tasas son retornables. “Sólo se recuperan con los costes del proceso si la parte demandante resulta ganadora”.

La espiral destructiva

Las facturas impagadas someten a las empresas a una espiral destructiva. Si la Agencia Tributaria solicita el pago del IVA, los empresarios sólo pueden frenar el pago mediante una denuncia en los tribunales. De esta forma, la única forma de no pagar por una factura que no se ha cobrado es pagar tasas en un proceso judicial.

La letrada señala otro aspecto: las derivaciones. Cuando las empresas no cumplen con pagos de Seguridad Social o el impuesto de autónomos, la Tesorería General de la Seguridad Social pide que los administradores respondan con sus bienes. Una vez un empresario agota la vía administrativa para frenar esta persecución, debe acudir al contencioso administrativo, donde se exigen nuevas tasas.

Valoración de Pimec

El director institucional de Pimec, Jacint Soler, dibuja la situación de esta forma: “es una bola de nieve que se va haciendo grande”. El alto cargo de la patronal indica que muchas empresas les sale más a cuenta dejar perder el dinero que ponerse a pelear por los impagos. “Muchas cierran, no les queda más remedio”.

Soler indica que los sectores más afectados por los impagos son los de la construcción y la automoción. “Los proveedores de grandes obras, porque por motivos lógicos tienen los dedos pillados. El sector de la automoción se explica porque las grandes compañías tienden a pagar muy tarde a los pequeños proveedores”, asegura.

Medidas alternativas

Pimec reclama que, para compensar la situación, se aplique un régimen sancionador en la Ley de morosidad. “Se trata de presionar a los clientes que no pagan. De esta forma, no sale gratis los impagos”, explica Soler.

La patronal también aboga por los arbitrajes fuera del mundo judicial. “Las empresas españolas pasan de estos sistemas. Si no hay una demanda, no se lo toman en serio”, añade.
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