Un socio de Florentino amenaza al Gobierno con endosarle el depósito que causó terremotos

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El accionista canadiense de Castor asegura que la empresa tiene el derecho a ser indemnizada por el Estado incluso en caso de negligencia

Fabra, Soria, García Margallo y Sánchez de León, durante la visita a Castor.

13 de abril de 2014 (13:13 CET)

Las empresas promotoras del polémico Castor, el depósito de gas que causó los terremotos de Vinaroz, han lanzado una amenaza velada al gobierno de Mariano Rajoy. Dundee, el socio minoritario de Florentino Pérez en el proyecto, asegura que las empresas inversoras tienen el derecho de endosar la estructura al gobierno español en caso de que no rinda los beneficios esperados.

Una cláusula firmada por los impulsores de Castor con el gobierno de Zapatero establece que las empresas tienen derecho a recibir una indemnización incluso en caso de mala gestión por dolo o negligencia. La cláusula fue denunciada por el gobierno de Mariano Rajoy, pero ha sido avalada por el Tribunal Supremo.

Menos preocupación

Dundee asegura que el coste del proyecto, determinado por una auditoría independiente, será recuperado en pagos equitativos durante 20 años, según explicaron los responsables de la empresa en la presentación anuales de sus resultados.

El gobierno de Mariano Rajoy decidió suspender las operaciones de la almacenadora de gas construida por Florentino Pérez por la gran cantidad de sismos y terremotos producidos por la infraestructura, construida frente a las costas de Castellón.

Dundee asegura que desde que comenzaron los temblores, los niveles de gas "han permanecido estables" y se han reducido "significativamente las preocupaciones" acerca del proyecto. Los seísmos no han causado daños a la infraestructura, según explicaron los responsables de la empresa.

Presión al Gobierno

Los socios de Florentino Pérez aseveran que las auditorías técnicas y económicas se entregaron en febrero al Gobierno y concluyen que el almacenamiento está en condiciones de funcionar, cuenta con diseño apropiado y dispone de seguridad suficiente.

"La auditoría también concluye que los costes de capital empleados en la construcción del proyecto son razonables. Estas conclusiones están ahora sometidas a la revisión de las autoridades españolas", explicó Jaffar Khan, presidente y consejero delegado de la compañía canadiense.

Según los promotores, el derecho de revertir la instalación al Estado no está condicionado la decisión del Gobierno de permitir la reactivación del proyecto Castor.
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