La ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero; la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá; y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Palacio de La Moncloa. EFE/Zipi
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Las VTC deberán definir sus actividades en un registro online e informar de los detalles de sus trayectos

Anna Pujol

La ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero; la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá; y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el Palacio de La Moncloa. EFE/Zipi

Barcelona, 01 de abril de 2019 (16:14 CET)

Uber y Cabify deberán notificar todos los viajes que hagan a través de un registro online. A partir de esta plataforma, el Gobierno quiere certificar que los vehículos VTC cumplen la ley, es decir; no recogen a pasajeros en la vía pública, establecen un contrato previo al servicio y no realizan más del 20% de sus viajes fuera de la población.

El Ministerio de Fomento puso en marcha esta medida en el Decreto Ley aprobado en diciembre de 2017, pero no ha entrado en vigor hasta ahora. A partir del próximo día 1 de junio, aquellos que no cumplan estos requisitos serán multados.

En el registro, todos los titulares de licencias VTC (que incluye no solo a los de Cabify y Uber, sino a todas aquellas empresas que ofrezcan servicios de vehículos con conductor) deben detallar el lugar y la fecha de contratación del servicio, así como la hora y lugar en los que empieza y acaba dicha operación. También deberá especificarse la matrícula del vehículo e información sobre el arrendatario.

Algunas CCAA ya había regulado el servicio de Uber y Cabify

Este sistema de control lleva más de un año madurándose, a raíz del clima tempestuoso entre taxistas y plataformas de VTC en diferentes partes de España. Aunque el Ministerio de Fomento hasta ahora no había desvelado qué acciones iba a tomar sobre el conflicto, sí que lo hicieron algunas de las comunidades autónomas, valiéndose de sus competencias particulares.

Cataluña, el País Vasco, Valencia, Baleares y Aragón ya han emitido su propia normativa frente a la regulación del servicio VTC. En todas ellas se establecía la firma de un contrato previo a la realización del servicio, y algunas de ellas, como Cataluña y Valencia, exigen un tiempo de espera previo (15 minutos) a la operación. 

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