Vueling carga contra las ayudas públicas de Spanair 

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El consejero delegado de la compañía tacha de “distorsión” de la libre competencia esta acción y Ferran Soriano recuerda que Iberia también recibió subvenciones estatales

26 de enero de 2011 (19:33 CET)

En el libro de desencuentros entre Vueling y Spanair se ha añadido un nuevo capítulo este miércoles. El consejero delegado de la compañía de vuelos low cost, Álex Cruz, ha calificado de “distorsión” de la libre competencia las ayudas que el grupo liderado por Ferran Soriano recibirá de la Generalitat y asegura que son “injustificables”.

Continua cargando con esta acción al declarar que “confirma lo que en la industria se sospechaba, la situación tan débil que tiene Spanair”. Ha contrapuesto este dibujo con la realidad de Vueling, “la segunda aerolínea más rentable de Europa y líder en El Prat sin ayudas”. Un hecho que les convierte, según sus palabras, en los abanderados para conseguir que el aeropuerto de Barcelona se convierta en hub. Un nuevo palo contra el gran objetivo fijado por Spanair.

Asimismo, Cruz ha anunciado que estudiarán “todas las vías para defender los intereses de la aerolínea”. Abriendo la puerta a emprender acciones legales o reclamaciones a las autoridades de defensa de la competencia.

A su turno, el presidente de Vueling, Josep Piqué, ha hecho público un comunicado en el que se pregunta “qué pueden pensar todas aquellas empresas catalanas que ya han desaparecido y que no han recibido este extrañísimo favor”. Además, lamenta que la Generalitat no sea “coherente” con su programa de austeridad al dar este paso.

Inversión estratégica

Ante estas declaraciones, Soriano ha sido contundente con los dirigentes de Vueling: “es como mínimo curioso que lo diga Iberia, porque Vueling es Iberia, la cual ha recibido inversiones públicas millonarias”. Ha recordando que se le inyectaron 1.300 millones de euros hace 10 años, justo antes de la privatización de la línea.

En este sentido, ha comentado que la apuesta estratégica para España y para el hub de Madrid es un modelo que ahora se repite en Catalunya. Eso sí, con un presupuesto menor: 10,5 millones de euros.
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