Acusan a 25 ex directivos de desviar fondos de la mutua Fortia Vida

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La jueza fija dos fianzas de 600.00 euros a dos de los imputados en la presunta estafa

30 de marzo de 2011 (12:35 CET)

Una jueza de Barcelona investiga a 25 ex directivos de la mutua Fortia Vida por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y delitos societarios. En este sentido, la magistrada ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias y ha impuesto fianzas de 600.000 euros para no ingresar en prisión a la presidenta y ex directiva de Eurobank, María Vaqué Molas y al también imputado, Eduardo Pascual Arxé, según publica El Periódico de Catalunya. En la operativa participaron sociedades domiciliadas en Luxemburgo, Bélgica, Andorra y República Dominicana.

Fortia Vida nació de la fusión de Norton y Personal Life, antiguas mutuas de Eurobank. La entidad tuvo unos inicios vigorosos, de forma que en 2007 ocupaba la tercera posición entre las mutuas catalanas de previsión social por cuotas gestionadas. Sus activos sumaban 177,62 millones. Dos años más tarde la conselleria de Economia de la Generalitat intervino la entidad tras detectar un exceso de riesgo por inversiones en el ámbito inmobiliario y el traspaso de pólizas a la aseguradora belga Apra Leven. El caso pasó a manos de la Fiscalía de Barcelona. La fiscal Carmen Martín Aragón, presentó al respecto una querella a finales del ejercicio pasado.

Inversiones inmobiliarias

De acuerdo con la acusación, entre los años 2000 y 2009 los querellados pusieron en marcha un plan para invertir los fondos de los mutualistas en empresas privadas que ellos mismos controlaban y que operaban en diversos ámbitos, entre ellos el inmobiliario. Con dichas inversiones obtenían beneficios que ingresaban en sus patrimonios privados o en sus sociedades.

Los querellados, además de dirigir mutuas crearon otras empresas, tanto en España, como en Andorra, Bélgica, Luxemburgo y República Dominicana, dedicadas, en su mayoría, a la adquisición y venta de terrenos y promociones inmobiliarias. Otras firmas propiedad de los encausados asesoraban en contratos de seguros, gestión de activos y, de manera residual, a la prestación de servicios médicos. Con el traspaso de fondos se realizaron inversiones inmobiliarias en Tenerife, Rumanía, República Dominicana en incluso en Brasil.
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