Aprobadas sin consenso seis medidas para amortiguar los efectos del paro

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06 de marzo de 2009 (17:21 CET)

El Gobierno decidió ir al grano y aprobó, sin el acuerdo de los agentes sociales, un Real Decreto con cinco medidas orientadas a mejorar la cobertura social a los trabajadores desempleados, frenar la destrucción de empleo e impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo, y una sexta para la mejora de los Servicios Públicos de Empleo.

María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, explicó que las iniciativas, cuyo coste será de 1.577 millones de euros, seguirán un trámite extraordinario y de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "este año".

Los sindicatos ya manifestaron su posición contraria a las medidas oficiales al entender que su filosofía es igual a la existente antes de la crisis, es decir, que abocan a la creación de puestos de trabajo de escasa solidez y sólo vinculados a ayudas coyunturales.

Por su parte la patronal cree que no se abordan los problemas de fondo del mercado laboral entre los que considera que se debería abaratar el coste del despido.

   En primer lugar, el ejecutivo ha aprobado que, cuando a un trabajador se le suspenda el contrato de trabajo o reduzca su jornada, por haber sido objeto de un Expediente de Regulación temporal de Empleo (ERE) "no sufrirá merma de sus derechos a la prestación" de paro .

Ampliar el periodo de prestación

  El período máximo de reposición de la prestación, si finaliza en  extinción, será de 120 días y el período máximo de reposición de la prestación por suspensión, en el supuesto en que el trabajador haya agotado la prestación, será de 90 días.

   Además, se reducen los costes de Seguridad Social a las empresas en aquellos casos en que los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción tengan por objeto garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo.

   Así, cuando una empresa suspenda los contratos o reduzca temporalmente la jornada de trabajo por un ERE temporal, tendrá derecho a una bonificación del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE, con un límite máximo de 240 días.

   Asimismo, se permite que trabajadores afectados por un ERE compatibilicen esta situación con la realización de actividades que coticen a la Seguridad Social, lo que permitiría que se compaginase el empleo ordinario con trabajos extraordinarios que permitan mejorar los ingresos.

Evitar cierres empresariales

   Por otro lado, para evitar que ninguna empresa "viable y solvente" cierre, con la consecuente pérdida de empleos, por no poder hacer frente a pagos a la Seguridad Social, se establecen condiciones especiales para el aplazamiento "durante 2009" del pago de cuotas a la Seguridad Social, siempre que la empresa se comprometa a mantener el empleo existente. Así pues, esta medida tendrá carácter coyuntural.
   Otra de las medidas incluidas en el decreto es la bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social por la contratación de personas desempleadas que cobren prestación por desempleo, lo que, según el Gobierno, "permitirá convertir las políticas pasivas de empleo en políticas activas y favorecer la contratación".
   En este caso, las empresas podrán descontarse de sus cuotas, como máximo, el equivalente del importe que tuviera pendiente de percibir el trabajador a la fecha de entrada en vigor del contrato, con un máximo de duración de la bonificación de tres años.
   El trabajador objeto de esta medida debe de llevar, al menos, tres meses en situación de desempleo, el contrato debe de ser indefinido y el empleo debe de mantenerse un mínimo de un año. Si se produce el despido con anterioridad, el empresario se verá obligado a devolver las bonificaciones que hubiera realizado.
Más contratos a tiempo parcial
   Por otro lado, el Gobierno impulsará los contratos a tiempo parcial incrementando la cuantía de las bonificaciones a estos contratos. El porcentaje de bonificación será un 30% más que la jornada pactada, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar el 100%.
   Por otro lado, el Gobierno ha aprobado las mejoras tecnológicas y el incremento de la plantilla en más de 1.000 personas en los servicios de empleo para hacer frente al creciente volumen de trabajo en las oficinas de prestaciones .
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