Barcelona gana la batalla aérea a Madrid
La batalla aérea entre Madrid y Barcelona, si atendemos las inversiones que desde las administraciones, instituciones públicas o privadas afines se han hecho para tener una participación decisiva en las compañías aéreas que operan en sus respectivos aeropuertos, la gana, de momento la capital catalana. O, sería mejor decir, la pierde menos.
Esperanza Aguirre, como presidente de la Comunidad de Madrid, siempre tuvo claro que Barajas era un polo económico y empresarial estratégico. Por eso, todo el mundo entendió perfectamente que instara a su tutelada, Caja Madrid, a tomar una posición prácticamente de control en Iberia, la aerolínea más importante del aeropuerto madrileño.
En esa línea, Caja Madrid empezó a invertir hace 9 años en la que era la compañía aérea española de bandera, cuando estas cosas tenían sentido. Fueron 733 millones de euros que permitieron en aquel momento comprar el 22,9% de Iberia. A precios de hoy en bolsa, ese porcentaje vale en torno a los 443 millones. Si se resta del precio pagado inicialmente el resultado seria una minusvalía de 290 millones, pero estas pérdidas serían lógicamente ficticias, primero, porque no se ha producido en realidad la desinversión y, segundo, porque durante los nueve años transcurridos Caja Madrid ha cobrado en dividendos unos 91 millones de euros, lo que sumando y restado deja en 200 millones la merma del valor que para la entidad que presidirá Rodrigo Rato significaría en teoría deshacerse en estos momentos de su participación.
En Catalunya, la batalla por tener una línea aérea de referencia que mantenga en las más altas expectativas sobre el aeropuerto de El Prat es más reciente: se llama Spanair y, aunque formalmente hay grupos empresariales y empresarios particulares que han apostado por comprar la línea aérea, detrás de toda la operación están inevitablemente los poderes públicos catalanes.
En concreto, para comprar la participación del 80% de Spanair, se han desembolsado 45 millones de euros y hay otros 35 millones pendientes de suscribir. El resto, el 20% que falta hasta 100 millones lo mantienen las líneas aéreas escandinavas, SAS. El precio de venta, recordémoslo, fue un simbólico euro.
Por lo tanto, la inversión realizada hasta ahora por Catalunya, con el apoyo decisivo de las administraciones públicas para potenciar el aeropuerto del Prat como hub que canalice hacia Barcelona no sólo tráfico de ámbito local o europeo sino de tipo intercontinental, ha sido, o mejor dicho, será a 31 de diciembre de unos 80 millones, si no aparecen hasta entonces nuevos accionistas.
A estas alturas -se habla de un acuerdo por el que los pilotos tomarían un 5% de la compañía a cambio de recortes salarias, de plantilla y de un par de puestos en el consejo de administración- la cantidad total a desembolsar para quedarse con Spanair será de unos 75 millones de pesetas. El montante “público” de esa operación estará en torno a los 50 millones de pesetas, según como se consideran determinadas aportaciones, como la de la Cambra.
Las cuentas salen, pues, más baratas en Catalunya: 50 millones frente a 200. Este ejercicio es, ciertamente, un divertimento, que no tiene otro valor, pero resulta útil para repasar los esfuerzos de las administraciones autonómicas por librar la batalla en el campo de la industria del transporte. Tiempo habrá para analizar con más profundidad el acierto de las respectivas administraciones autonómicas al alentar estas inversiones.
