La Generalitat serà quin autorice los Sistemas Institucionales de Protección, (SIP), en los que participen cajas catalanas. Así lo recoge un decreto sobre entidades de ahorro aprobado el 3 de agosto pasado.
De la misma manera, el decreto afirma que las transformaciones de cajas de ahorros en fundaciones especiales, -que previamente habrían separado su negocio financiero traspasándolo después a un banco-; han de ser también autorizadas por el gobierno catalán. En este sentido se afirma en el decreto que el proceso será siempre tutelado por el Govern, que nombrará un representante que supervise el proyecto.
Estas atribuciones podrían entrar en conflicto con la norma estatal, que fija que una caja de ahorros o las entidades integradas en un SIP (Sistema Institucional de Protección) se transformarán automáticamente en una fundación de carácter especial cuando pierdan la mayoría del capital del banco instrumental al que han traspasado su negocio bancario.
Fuentes de la consejería de Economía de la Generalitat señalan que esta última aprobación se trata de “un puro trámite”, fruto de la necesaria transposición de la LORCA a la legislación catalana, y que no implica “ninguna confrontación con la ley estatal”, prosiguen. Pero desde el Gobierno autonómico se recuerda que el Estatut dota a Catalunya de competencias exclusivas en materia de cajas de ahorros, y una modificación de los estatutos de éstas debe ser refrendada por la Generalitat.
Por otra parte, una vez creada una SIP, esta nueva entidad pasa a ser tutelada por el Banco de España, también lo es el banco que se cree al que se traspase la actividad financiera de la caja, que queda también fuera de la órbita de la administración de Catalunya.
