Cataluña se descuelga de la consolidación fiscal del resto de autonomías

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La perspectiva económica de las finanzas públicas regionales del Estado para 2016 es positiva con excepción hecha de la Generalitat, que se queda en estable por la tensión política con Madrid

Artur Mas, en el debate de investidura en el Parlament

Londres, 07 de diciembre de 2015 (19:33 CET)

"Las tensiones políticas entre la Generalitat de Catalunya y el gobierno central continuarán en 2016, y podrían diluir la atención de la comunidad en la consolidación fiscal." Ésta es una de las conclusiones más destacadas del nuevo informe sobre perspectiva económica para las comunidades autónomas del Estado español, que este lunes hizo público en Londres Moody's.

Implícitamente, la agencia de calificación está llamando la atención sobre el posible desenlace positivo de las negociaciones entre los diferentes grupos independentistas (Junts pel Sí i la CUP) para la formación de un nuevo gobierno y la investidura de un presidente, y las consecuencias que ello pudiera tener en el aumento o en la no reducción del déficit público. Entre otras razones, por las exigencias económicas que plantea la izquierda radical para llevar a cabo un plan de choque contra la emergencia social.

El nuevo diagnóstico de Moody's ratifica el que ya hiciera en octubre la misma organización, en relación con la falta de un plan concreto de reducción de los números rojos —actualmente algo más de 64.000 millones de euros— por parte de la coalición ganadora de las elecciones, Junts pel Sí, formada por Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana e independientes.

Descolgada

El proceso soberanista que vive Cataluña desde 2012 sería en parte res­ponsable del cambio de perspectiva, de positiva a estable, que se atribuye a la comunidad para el año próximo, que ha quedado descolgada de la previsión general, que para el resto de las CCAA del Estado es "positiva". La analista Marisol Blázquez, sostiene, sin embargo, que el nuevo análisis "no significa un cambio para Cataluña".

Otra de las evidencias que muestra el estudio, y que ya se recogen en los presupuestos generales del Estado, es que durante 2016 Cataluña continuará necesitado la asistencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con unas necesidades de tesorería que alcanzarán los 6.800 millones de euros. Esta cifra supone prácticamente la cuarta parte de los fondos de emergencia que el estado habilita a las comunidades para pagos de proveedores y servicios asistenciales.

Este capital es independiente de sistema de financiación ordinario que, por otra parte, Moody's considera que será modificado en 2016.

Crecimiento, pero menor

Es el FLA, a juicio de la agencia, lo que incidirá positivamente en la reducción de los déficits fiscales y lo que favorece "una percepción positiva por parte de los inversores" sobre la situación de las finanzas de la comunidades.

De ahí que las tensiones entre el gobierno de la Generalitat de Cataluña y la administración central, que como se ha demostrado recientemente tienen en las transfusiones del fondo de liquidez uno de los talones de Aquiles del independentismo, induzcan a una cierta cautela sobre las perspectivas de la economía catalana. A pesar de ello, la previsión de crecimiento del PIB para Catalunya se sitúa en el 2,3%. Una cifra no modesta pero situada en la banda baja de comunidades en relación con otras como La Rioja (3,0%), Madrid (2,9%) o Navarra (2,8%).

Cambios en 2017

La supuesta recuperación económica no incidirá grandemente en una rebaja notable del volumen de la deuda, que "en niveles absolutos seguirá aumentando", aunque en relación con el ratio del PIB, gracias a la estimada mejora de los ingresos, comenzará a decrecer en 2017, siempre que se cumplen las previsiones.

Aunque el informe no hace mención a ello, la lectura de las cifras y la consolidación fiscal a que obliga Europa auguran que muchas de las promesas económicas que se están llevando a cabo en la actual campaña electoral no podrán cumplirse.

En el caso de Cataluña, tampoco parece que vaya a ser fácil sacar adelante un plan de choque social si el desafío soberanista continua, al menos mientras las facturas de los servicios públicos dependan de las asistencias que llegan del Estado.

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