Desconcierto empresarial ante la ofensiva anticorrupción de Montilla

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11 de noviembre de 2009 (18:34 CET)

Las propuestas de la Generalitat hechas públicas el martes para evitar nuevos brotes de corrupción en el ámbito de la administración pública han provocado desorientación, desconcierto y falta de respuesta entre los responsables de las organizaciones empresariales que realizan contratación de obra pública en Catalunya.

Más de 24 horas después de que el conseller, Joaquím Nadal, plantease las medidas que la Generalitat quiere poner en marcha para evitar nuevos casos como los que investiga la Audiencia Nacional, las organizaciones como la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE), o el Gremi de Constructors de Catalunya, no se han manifestado al respecto, a pesar de ser consultados por Economía Digital. Como máximo, un representante de APCE ha indicado que la entidad emitiría un comunicado..

Las propuestas sobre las que Nadal anunció que la Generalitat realizará cambios legislativos son: dar la máxima publicidad a los procesos de recalificación que se puedan poner en marcha y así dar transparencia a los expedientes urbanísticos. La creación de un registro donde se depositen todos los planes urbanísticos y que dicho registro sea de consulta pública, o la intención de arbitrar medidas que hagan imposible que en las plusvalías resultantes de un proceso de recalificación queden en otras manos que no sean las de las administraciones que han instado el cambio de usos de los terrenos afectados y que no queden en manos particulares.

A pesar de que las organizaciones consultadas no han querido mostrar en público sus posiciones. En medios del sector ha trascendido el malestar por el conjunto de normas que podrían ponerse en marcha y especialmente por la alusión a que, por ley, las plusvalías hayan de revertir en los municipios que aprueben los cambios de califiación, cosa que hasta ahora no había nuncia quedado explícito.

Recordar que el presidente de la APCE, después de realizar una encendida defensa del bien hacer de los empresarios de su sector admitió no poner “la mano en el fuego” por los dos encartados en el caso Pretoria. Un día después de estas declaraciones, APCE ha hecho públicas otras en las que Enric Reyna, presidente de la entidad defiende la inocencia de los empresarios afectados por el caso Pretoria.

La CCOC, por su parte hizo el martes una encendida defensa de la honestidad personal y de la presunción de inocencia de uno de sus dirigentes, Josep Singla. 

Aunque no quiso dar su opinión directamente, el Gremi de Constructors ha deslizado la idea de que sus asociados no se sienten concernidos por las normas que la Generalitat quiere poner en marcha ya que su función es construir y no promover.

Otro aspecto sobre el que las organizaciones empresariales del ámbito de la construcción han sido consultadas y sobre las que han preferido no manifestarse es el relativo a la posible contradicción entre la ofensiva normativa anunciada por la Generalitat y las declaraciones del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de afirmar que para atajar los casos de corrupción no hacen falta más normas sino una vigilancia a partir de las actuales.
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