El Gobierno cede a las presiones de Fainé y la CECA y da un año para que las cajas salgan a bolsa

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Salgado comunica que las entidades que reciban dinero público deberán limitar las remuneraciones de sus directivos

Elena Salgado

18 de febrero de 2011 (17:11 CET)

El Gobierno ha accedido a las presiones del lobby de las cajas de ahorros y ha alargado hasta marzo de 2012 el tiempo máximo para la salida a bolsa de esas entidades, tal como se recoge en el decreto ley de reforzamiento del sistema financiero aprobado este viernes, 18 de febrero por el Consejo de Ministros.

No obstante, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ratificó en la rueda de prensa posterior al consejo, que las entidades que deseen salir a cotizar a bolsa deberán haber presentado antes del 30 de septiembre de este año el acuerdo correspondiente de sus órganos rectores sobre la salida al mercado de valores. Además deberán adjuntar un calendario especificando las fechas de ejecución haber otorgado los correspondientes permisos.

La decisión oficial supone acceder a las gestiones que muy discretamente ha realizado la confederación española de cajas de ahorros, presidida por el máximo representante de La Caixa, Isidro Fainé. Las cajas pueden, pues, reforzar su capital por las vías que les parezca mejor pero deben tener en cuenta que el mes de septiembre deberán haber cumplimentado todos los trámites para su salida a bolsa.

Por otra parte, y tal como se preveía, el ejecutivo ha ampliado la exigencia de capital a las entidades financieras para reforzar su solidez. Así quiere el Gobierno recuperar la confianza de los mercados en la economía española y conseguir de paso que se restablezca el crédito a empresas y familias.

La norma establece una exigencia de capital del 8% para las entidades, y del 10% para aquellas que no cotizan, no cuentan con presencia de inversores en el 20% del capital y disponen de una dependencia de financiación mayorista de más del 20%. Las necesidades globales de capital adicional del sistema financiero español no superan los 20.000 millones de euros, destacó Salgado.

El decreto, en línea con los requisitos de la regulación internacional de Basilea III, establece que las entidades que no alcancen los citados niveles de capital mínimo por sus propios medios antes del próximo 30 de septiembre recibirán recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cosa que supondrá la entrada del Estado como accionista.

El capital principal incluye las ayudas del FROB

El ejecutivo ha abierto la mano en la consideración de lo que es capital mínimo o principal. Los elementos forman dicho capital son: capital propiamente dicho, reservas, primas de emisión, ajustes positivos por valoración e intereses minoritarios. Además, se considerarán también capital los recursos recibidos del FROB y, de forma transitoria, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014.

Por otra parte, las entidades que a 10 de marzo no alcancen el nivel requerido de capital principal tendrán 15 días hábiles para comunicar al Banco de España la estrategia -que puede incluir la captación de recursos de terceros o la salida a bolsa- así como el calendario de cumplimiento.

En el caso de las entidades que necesiten el apoyo del FROB, deberán presentar en un mes un plan de recapitalización. Si quieren recibir recursos habrán de convertirse en banco en tres meses y asumir compromisos concretos en la financiación de pymes o en la mejora de su gobierno corporativo.

La ministra precisó que se establecerán límites a las remuneraciones de los directivos de las entidades que reciban respaldo público en caso de que sus niveles de capital se establezcan un 20% por debajo de los requisitos establecidos.

Agregó que las cajas no se van a ver obligadas a vender sus participaciones industriales, porque todas las entidades "son dueñas" del plan de recapitalización que presentarán al Banco de España en caso de que necesiten capital adicional .
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