El Gobierno quiere regular los sueldos de los directivos financieros

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PSOE y CiU proponen cambios en la normativa de OPAs

25 de mayo de 2009 (17:25 CET)

El pleno del Congreso de los Diputados votará el martes,  26 de mayo, una proposición no de ley del PSOE que pretende instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para ligar los sueldos de los ejecutivos de las entidades financieras a la evolución "a medio plazo" de las mismas y a la aprobación de los accionistas, para evitar así "incentivos perversos" en las decisiones financieras.

La idea que rezuma el texto legal es la de tratar de romper el círculo vicioso que ha hecho que durante mucho tiempo altos directivos bancarios hayan primado operaciones a corto plazo que les podían generar beneficios particulares al poseer productos como las opciones sobre acciones sobre acciones, en vez de optar por alternativas y estrategias a medio y largo plazos.

La proposición socialista afirma textualmente: los esquemas de retribución para ejecutivos y altos cargos de las entidades financieras deben ligarse a la evolución real de la empresa y deben quedar sujetos a la publicación individual y aprobación por los accionistas”.

Muchas empresas se han dotado de herramientas, como las normas de buen gobierno corporativo, que tratan de fijar normas a la actuación de los directivos. Al respecto, el catedrático de derecho mercantil de ESADE, MIguel Trias Saigner asegura en un artículo publicado el domingo en el diario El País, que existe una doble moral que hace que muchos líderes empresariales muestren en público su adhesión a los principios de buen gobierno de las sociedades mientras que en privado la propia dinámica de los consejos de administración tiende a ignorar dichas posiciones.

El texto presentado por el PSOE afecta a los directivos de las entidades financieras, pero el problema no es exclusivo de este sector. En el conjunto de las grandes empresas, y a pesar de que los resultados económicos hayan sido en algunos casos negativos, en muchas sociedades las retribuciones a los directivos se han mantenido o incluso han seguido creciendo.

En más de la mitad de las empresas incluidas en el índice bursátil, Ibex-35, los códigos de buen gobierno incluyen topes a las retribuciones de los directivos y la vinculación de los emolumentos a los resultados, pero el año pasado 18 empresas de dicho índice vieron caer sus resultados mientras que sólo en siete casos: Acciona, Acerinox, Bankinter, Cintra, Ferrovial, Sacyr y Telecinco, sus respectivos consejos aceptaron recortarse los sueldos.

El grupo socialista quiere abrir, pues, un debate sobre los criterios respecto a la retribución de los altos directivos bancarios. Pero, a pesar de ser explícitamente consultados por Economía Digital para dar su opinión, los responsables de la Asociación Española de Banca Privada (AEB) y los de la Asociación Española de Directivos han declinado manifestarse.

En un contexto más amplio, cabe recordar que el gobierno de Barak Obama, en Estados Unidos, ha puesto en marcha un mecanismo destinado a atajar los desmanes salariales de los directivos de muchas empresas financieras. Así, ha propuesto que los directivos de las entidades que reciban ayudas públicas para sobrevivir no puedan tener salarios superiores a los 500.000 dólares y que si estos directivos tuviesen al salir de la empresa bonos o indemnizaciones vinculadas con el cese, dichos extras se gravaran con un impuesto del 90%.

Cambios en la ley de Opas

El PSOE trata de lograr con este debate que la Cámara respalde las propuestas que el Gobierno llevó a la Cumbre del G-20 del pasado 2 de abril, en el sentido de garantizar la transparencia del sistema financiero y eliminar los paraísos fiscales.

Por otra parte, el Congreso examinará también este martes cambios importantes en la regulación del sistema financiero. PSOE y CiU proponen simplificar las tomas de posiciones en bancos y aseguradoras, mientras el Partido Popular pretende que se obligue a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) si se da una “ posición de control” sin que, como ahora, se deba llegar al 30% del capital.

La proposición de PSOE y CiU pretende elevar del 10% al 20% el umbral mínimo de participación significativa, cuya compra obligue a enviar un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para entidades financieras, aseguradoras y sociedades gestoras de fondos de inversión que operen en territorio español.

La iniciativa citada pretende unificar las obligaciones de notificar las operaciones ante incrementos o reducciones de las participaciones significativas, que ahora están diseminadas en un abanico desde el 10 % al 75% a tres tramos, en el 20%, el 30% y el 50%
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