El IEE alerta de la contrarreforma de Sánchez: «Será un emploicidio»

El IEE rebaja su previsión de crecimiento al 2,1% en 2019 y advierte que la contrarreforma laboral será un "arma de destrucción masiva" del empleo

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Las medidas económicas de Pedro Sánchez configurarán una situación económica «complicada y preocupante». Así lo determina el presidente del IEE, José Luis Feito,  que advierte de que las medidas propuestas para los presupuestos de 2019 pueden ser un «emploicidio» y constituir un «arma de destrucción masiva» para el empleo.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) refleja en su informe de coyuntura económica que la derogación de la reforma laboral de 2013 y la subida de los impuestos directos que prevé llevar a cabo el Gobierno «acortarán» la expansión de la economía española.

«Me niego a pensar que la contrarreforma laboral planeada por el Gobierno se lleve a cabo, no imagino una negociación que esté orillando a los empresarios”, explica José Luis Feito. El Ejecutivo de Sánchez llegó a un acuerdo con los sindicatos para revertir partes de la reforma laboral del PP, con el rechazo de la CEOE y Cepyme.

Entre los principales riesgos para el crecimiento español Feito destaca las contrarreformas en el mercado laboral

​Feito señala que la economía española está inmersa en un proceso de desaceleración. «Por un lado se debe a la gradual desaparición de los estímulos exteriores y, por otro, a la ausencia de reformas que puedan impulsar nuestro crecimiento, ya que se agota el impulso de las reformas anteriores«, comenta.

Entre los principales riesgos para el crecimiento español, Feito destaca «la posibilidad de contrarreformas en el ámbito del mercado laboral y las pensiones y la persistencia de importantes déficit públicos estructurales y la elevada deuda pública».      

«Si se materializaran las propuestas del Gobierno en lo concerniente al salario mínimo interprofesional (SMI), la negociación colectiva, al destope de las cotizaciones sociales y el registro de los horarios de las empresas, se cometería un verdadero emploicidio», sentencia.

Según explica el presidente del IEE, las consecuencias de las medidas que el Ejecutivo pretende llevar a cabo en materia laboral se producirán cuando llegue la próxima recesión.

Rebaja de previsiones

Así, pese a que mantienen las previsiones de crecimiento para 2018 en el 2,6% -en línea con la estimación del Gobierno-, rebaja el crecimiento para 2019 hasta el 2,1%, dos décimas menos que el Ejecutivo. En cuanto al déficit, lo sitúa en el 2,7% y el 2,2%, respectivamente.

Esto refleja la tendencia que han anunciado también diversos organismos económicos: la economía española se ralentiza pese a crecer. Feito destaca que 2018 ha sido un «buen año» para España, por encima de las principales economías, sin burbujas en el ámbito financiero ni de la vivienda y con unos 440.000 nuevos empleos.

En cuanto al empleo, Feito asegura que a pesar de que en 2019 se desacelerará y a que se reducirá la inversión privada, «va a haber un crecimiento considerable en el empleo del sector inmobiliario».

Así, augura para 2019 una moderación en la creación de empleo, con 358.939 puestos de trabajo -el 1,9% más- lo que reducirá la tasa de desempleo media anual al 14,2%.

Sistema de pensiones insostenible

Sobre las pensiones, Feito aboga por imponer una tasa de sostenibilidad, aumentar la edad de jubilación gradualmente y contemplar toda la vida laboral a la hora de calcular su importe, algo que «sería bueno incluso para el trabajador».

«No hay combinación de impuestos que pueda hacer frente al impacto del envejecimiento de la sociedad española y del gasto publico y déficit sin reforma de las pensiones. A corto plazo hay poco margen», defiende. Así, afirma que sin una reforma profunda el sistema será insostenible en «seis o siete años».

Según el presidente del IEE, la subida de impuestos al ahorro o el IRPF a las rentas salariales muy altas​ -medidas de los presupuestos de Sánchez- no generará «prácticamente ninguna recaudación».

Además tacha de «grave error» la fijación de un gravamen a las transacciones financieras y a los servicios digitales si son medidas que no están «rigurosamente coordinadas» con los países del entorno.

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