El pasado poco claro del "caballero blanco" de Aisa

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07 de agosto de 2009 (18:48 CET)

Aisa, una de las inmobiliarias catalanas con nombres muy sonoros de la alta sociedad entre sus filas se convirtió a finales de julio en Fergoaisa, después de la unión con una constructora, el grupo Fergo.

Genís Marfá, que fue presidente de Aisa hasta aquel día realizó operaciones sinuosas para intentar salvar su empresa. Una de las más notables fue la entrada en el capital de un fondo de inversiones británico, First Mile Investment, (FMI) que se habría convertido en propietario de la sociedad se haber pagado los 70 millones de euros de la supuesta ampliación de capital que después no se materializó. De este FMI nadie supo nunca nada.

Pero finalmente apareció Carlos Fernández Gómez, propietario del grupo Fergo, que se ha convertido en el caballero blanco que tendría que salvar a la inmobiliaria después de la fusión con sus empresas.

Carlos Fernández Gómez no es, a pesar de lo que en alguna prensa catalana se ha publicado, un caballero tan blanco, tiene, por lo menos un pasado poco claro que hasta el momento no se conoce. Fernández tuvo tropiezos con la ley y alguno de estos encontronazos de carácter económico. Otros no. Así, el nombre de Carlos Fernández Gómez sale en una relación de detenidos del año 1984 en el llamado fraude de la mili por el que una presunta red se dedicaba a facilitar a jóvenes de la alta sociedad mecanismos para librarse del servicio militar.

En aquel tiempo Fernández Gómez era un empleado de banca de La Garriga, según se recoge en el diario La Vanguardia y formaría parte de los captadores de clientes para la trama. El caso terminó en nada fruto de los cambios legales de la época.

Unos años más tarde, Carlos Fernández aparece en las reseñas periodísticas como uno de los detenidos por un intento de cobro de pagarés falsos. Era el año 1993 Carlos Fernández Gómez era administrador de la empresa Tarragonina de Distribución SL, que se declaró en quiebra el 4 de marzo de aquel año en Granollers.

El ahora hombre fuerte de Fergoaisa fue detenido en aquel momento acusado de estafa con pagarés falsos,  emitidos supuestamente por el grupo Spar, el grupo IFA y Centra. Según publicaba el diario El Nou 9 en su edición de Granollers, los citados pagarés habrían ascendido a unos 200 millones de las antiguas pesetas.

Las empresas de distribución afirmaron no haber librado los pagarés. Estos documentos fueron ingresados en tres cajas de ahorros, Bancaja, Caja de Ahorros de Guipúzcoa y Caja de Ahorros de Badajoz que al intentar cobrarlos denunciaron el caso, lo que arrancó la investigación judicial.

En la investigación, Carlos Fernández afirmó que los pagarés respondían a operaciones reales y no ficticias. Esta publicación ha solicitado una entrevista con Fernández sin ninguna respuesta por su parte.

De hecho Carlos Fernández no es un constructor muy conocido fuera de su comarca, aunque el ha explicado en algún momento que lleva más de 20 años en el negocio al que accedió por herencia familiar.

El grupo Fergo está formado por varias sociedades, entre las que destacan dos promotoras (Fergo y Carlofergo), y dos constructoras (Atefor y Tècniques d'Aixecament) . La compañía, que no consolida sus resultados afirma que factura un centenar de millones.

Mientras las promotoras tienen unos 1.375 pisos, las constructoras se nutren de obra pública y según indicó el empresario al diario Expansión, se nutren de obra pública y trabajan para empresas como Adigsa, Dragados y el Incasol.

Antes de la fusión Fergo tenía unos activos de 200 millones y un pasivo de 150 que según su propietario se halla renegociado con una carencia de tres años y garantías personales.

Ahora con Fergoaisa, Fernández se codeará en el consejo con personalidades como el exalcalde de Barcelona, Enric Massó. Para conseguirlo ha contado con la ayuda del abogado José Luís Gomáriz, que se considera que es actualmente el hombre de Marfá en el nuevo consejo de la promotora..  Marfá tiene en los juzgados una denuncia en su contra instada por los socios de Aisa, el grupo portuario Mestre, que le acusa de apropiación indebida y de administración desleal, a lo que Marfà responde afirmando que ha renunciado a 30 millones de euros que le corresponderían por su gestión, bonos extraordinarios y créditos durante su presidencia.
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