El Tribunal de Cuentas acusa a Mafo de oscurantista
El convenio colectivo del Banco de España es un ejemplo de lo contrario de los que predica el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El Tribunal de Cuentas ha acusado duramente de secretismo al Banco, y el convenio colectivo de la entidad de contradictorio, según publica Capital Madrid.
La ley de autonomía del Banco de España de 1994 se promulgó para dotar al entonces banco emisor de libertad de gestión ante las injerencias que podría sufrir del Tesoro, y desgraciadamente se ha tomado por sus gestores como un salvoconducto o fuero especial para quedar al margen de las fiscalizaciones del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Todo ello cuando desde la entrada de España en el euro las tareas del Banco Emisor han cambiado radicalmente.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha dado también el paso de desvelar su sueldo, casi 200.000 euros sin dietas y otros conceptos, al que aplicará una rebaja del 15% para solidarizarse con las medidas de reducción salarial a los funcionarios, pero todavía le queda mucho trecho para romper «la tradición» de opacidad que reina en la casa que gobierna, y aplicar en ella las recetas de reforma económica que MAFO reclama para el resto del país. Cierto es que la decisión de Fernández Ordóñez ha sido inducida por una pregunta parlamentaria de Izquierda Unida, que quizás le hubiese hecho sonrojar, si llega a substanciarse.
Si bien es cierto que la redacción de la ley de autonomía del Banco de España ya era motivo de sospecha de lo que podría ocurrir, al contener párrafos como éste: «El Banco de España no estará sometido a las previsiones contenidas en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado». No resulta extraño que los diferentes gobernadores que han regido la institución hayan actuado con una soberbia gestora inaceptable. A modo de ejemplo, recuérdese que el juez Barbero tuvo que acudir en un taxi al hermoso edificio de Alcalá de Madrid para exigir al entonces gobernador Ángel Rojo, bajo amenaza de desacato, papeles del caso Filesa que no le habían sido entregados en el procedimiento judicial abierto. También Jaime Caruana actuó como le vino en gana cuando supo que el BBVA disponía de cantidades multimillonarias fuera de balance, es decir en caja B, tras verse con Emilio Ybarra y Francisco González. El manejo de los tiempos por Caruana permitió a FG quedarse con el control exclusivo del banco con sede en Bilbao, y allí sigue.
Ahora le ha tocado el turno a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un hombre que ha trabajado para la Administración en muchos cargos, y cuyo nombramiento como gobernador del Banco hizo pensar en que llegarían aires de transparencia y diligencia, los que siempre había reclamado a quien le escuchara. El primer paso en pro de la transparencia hubiera sido desvelar su propio salario a tiempo, aunque sólo fuera por cumplir con las normas con las que la propia institución se ha dotado. Así, el reglamento interno que el consejo de gobierno de la institución aprobó en el año 2000 y que es la norma interna básica de actuación, dice que «la retribución y demás condiciones de empleo del Gobernador serán fijadas por el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejo de Gobierno del Banco. (seguido de un punto y aparte en la Ley de Autonomía). Las Cortes Generales serán informadas de dicho régimen retributivo y de empleo».
Los hechos sugieren que Fernández Ordóñez, al igual que sus predecesores, ha incumplido sistemáticamente esta norma y traicionado sus propios principios de reclamación de transparencia estadística e informativa a la Administración. Las Cortes no han sido informadas nunca, hasta ayer, y la entidad tampoco ha desvelado jamás en su memoria la retribución del Gobernador, habiendo alegado hace unos días, cuando se han desatado todos los demonios en materia de retribución salarial en el Estado, que no lo hacía «por tradición», según informó el pasado domingo al diario Público. Ayer se rompió por fin esa mala práctica sin grandes sorpresas porque aparentemente el salario no llega a los 200.000 euros, y con la rebaja anunciada del 15% se pone en 165.000. No parece un sueldo escandaloso, siendo muy inferior al de los dirigentes de entidades intervenidas. A esa cantidad habría que añadir la retribución postempleo (plan de pensiones y cuarentena, un 80% del salario durante dos años), aunque también se supone que el Gobernador recibirá, aunque sea en especie, alguna compensación por sus conferencias.
Convenio poco ejemplar
Miguel Ángel Fernández Ordóñez es más conocido por sus admoniciones sobre las necesidades de reformas económicas que sobre su gestión del Banco de España. Se sabe que Mafo ha reclamado como ejes de la reforma laboral que debe ponerse en práctica, ligar la productividad al salario y reformar las relaciones laborales, modernizando los convenios. Sin embargo, el Banco de España es la antítesis de estos paradigmas. Su último convenio colectivo, de tres años de duración, 2008, 2009 y 2010, acordado el 2 de diciembre de 2008, ya con la crisis mostrando una brutalidad desconocida, recoge acuerdos como el que bajo el epígrafe de Paga de Productividad, y respecto a 2010 reza: «Desde junio de 2009 en adelante, se abonará una paga a los empleados que percibieron en su momento la paga de productividad referida a un año concreto, por cumplir los requisitos establecidos para ello, y que continúen prestando sus servicios a 31 de mayo de cada año. Esta paga tendrá periodicidad anual y las cantidades (ajustadas) serán consolidables y no serán compensables ni absorbibles». Es decir que Mafo acepta en su casa que la paga de productividad sea un derecho adquirido y además consolidable y no compensable. Bajo este juicio, las empresas españolas estarían arruinadas.
Promoción por antigüedad
El convenio, como la mayoría de los lastrados por la castración moral y el paternalismo que impuso el franquismo, es surrealista, y los buenos profesionales de la casa se merecen las mejores condiciones laborales posibles, pero no amparadas en semejante. Convenio. Así, Mafo admite también que se paguen pluses por «manejar efectivo». Las promociones se asemejan más a las del ejército (antigüedad) que a las de mérito, y en algunos casos se han suprimido las pruebas «de análisis de actitudes» y se sigue hablando de «horas extraordinarias», término cada vez menos utilizado en los convenios de empresa.
Se puede entender que Fernández Ordóñez y los informes del servicio de estudios del banco critiquen la subida de los costes salariales en el sector privado y en el público, pero se comprende menos que lo haga una institución, que perdió atribuciones con la creación del Banco Central Europeo y la puesta en circulación del euro en 2002, y sin embargo su plantilla ha seguido creciendo desde entonces y cuyos incrementos de gastos de personal son del 6% entre 2007 y 2008, años de penuria (los del ejercicio pasado no se conocen todavía). Lo que es peor, también quien aboga por reducir la dualidad del mercado laboral, la dualidad entre fijos y temporales, la incrementa en su casa. Así, en 2008 aumentó un 22% el personal contratado y se redujo el número de fijos, excepción hecha de la categoría de directivos, donde aumentó. El Banco de España ha conseguido que el Gobierno le exima de seguir las directrices de Empleo Público.
La falta de transparencia sigue siendo la gran asignatura pendiente, dándose el caso de que el Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización de los organismos y los procedimientos de supervisión de las entidades de crédito, censuró muy severamente los modos del Banco de España, por imponer «importantes limitaciones que impidieron conformar una opinión sobre la organización y la aplicación de los procedimientos de supervisión». Estas limitaciones se debieron a que «el Banco de España impidió el acceso a los documentos precisos» para juzgar su actuación, invocando «el deber de secreto profesional» regulado en su reglamento, y que el Tribunal de Cuentas «no comparte» en absoluto. De hecho, esta institución de control reclamó a la comisión mixta que mantiene con el Congreso, que sea una excepción en el deber del secreto. Hasta ahora, la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Tribunal, no ha llamado la atención al Banco de España.
La galopante angustia financiera que sufren bastantes entidades de crédito en España, con el resultado de dos intervenciones por la institución que comanda Fernández Ordóñez, pone en duda el que ésta haya actuado con la debida diligencia (la intervención es consecuencia del fracaso de la supervisión), imponiendo su soberanía, aquí muy justificada, ya que puede intervenir cualquier entidad siempre que «una entidad de crédito se encuentre en una situación de excepcional gravedad, que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios, liquidez o solvencia». Concurren desgraciadamente estas circunstancias en bastantes entidades de crédito desde hace muchos meses, ya que en algunas de ellas el negocio inmobiliario era más del 70% del total, y no se ha actuado por motivos que siempre se justifican en la consabida «Razón de Estado». Fernández Ordóñez ya era muy crítico con la burbuja inmobiliaria antes de que llegara al cargo pero no impuso las trabas necesarias al negocio del ladrillo que habrían evitado la debacle actual. El hecho es que el coste para los contribuyentes aumenta cuanto más se dilate la intervención, que según algunas fuentes se debe a las presiones políticas.
Una vez rota la tradición de desvelar el salario del Gobernador del Banco de España, al menos el que corresponde al actual, el siguiente paso es acabar con el oscurantismo de esta institución, que extiende los deberes del secreto profesional hasta unos niveles preconstitucionales.
