España baja del puesto 22 al 28 en la lista de los países menos corruptos

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23 de septiembre de 2009 (18:40 CET)

Los escándalos urbanísticos han empeorado la percepción que se tiene sobre España en el índice de España baja en el índice de percepción de corrupción hasta el puesto 28, según el informe presentado el miércoles, 23, por la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) correspondiente a 2009.

Aunque España sigue teniendo buena nota, ya que ocupa el puesto 28 de 190 países, en los últimos cinco años ha descendido desde el puesto 22. La tendencia a la baja «es inquietante y nada halagüeña», ha subrayado el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.

Una de las causas que inciden en que España baje en la lista, indicó, es la corrupción urbanística, que "afloró gracias a las acciones de los jueces, de las fuerzas de seguridad y a los medios de comunicación".

Más permisividad con los pillos

Lizcano añadió que en España se es "más permisivo con la corrupción que en otros países, ya que nuestra cultura nos hace admirar a los más pillos y a los que defraudan mejor".

Muchos de los países que ocupan los últimos puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado anualmente por TI no sólo están a merced de los actos de gobiernos inescrupulosos sino también de grandes compañías dispuestas a celebrar acuerdos corruptos con esos gobiernos. Estas complejas redes, que involucran mucho más que simples sobornos, son posibles gracias a que las compañías creen que pueden participar en este tipo de prácticas delictivas sin sufrir consecuencias.
Pero los sobornos, carteles de fijación de precios e influencia indebida sobre las políticas públicas tienen un costo de miles de millones de dólares y obstaculizan el crecimiento económico sostenible, según la ONG. Tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos por un total de hasta 40.000 millones de dólares por año.

La mitad de los ejecutivos de empresas internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el costo de los proyectos. En definitiva, son los ciudadanos quienes pagan el costo: los casi 300 carteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por valor de 300.000 millones de dólares.
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