Gerardo Camps asegura que "la CAM entrará en pérdidas en 2010" y después se desdice

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18 de noviembre de 2009 (21:15 CET)

Gerardo Camps, el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat Valenciana, ha afirmado en los pasillos del parlamento autonómico que "Caja del Mediterráneo (CAM) entrará en pérdidas en 2010". Poco después de estas afirmaciones, la consellería de Economía ha emitido una nota donde niega haber realizado estas declaraciones. Las palabras de Camps se enmarcan dentro de la estrategia del gobierno valenciano para conseguir una fusión entre Bancaja y la CAM para evitar que el Banco de España acabe creando un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Caja Madrid y Caixa Galicia.

El conseller ha advertido que el Gobierno valenciano no aceptará "presiones" en su labor de "velar" para que los órganos de gobierno de las cajas de ahorro puedan tomar las decisiones "que estimen oportunas" sobre las fusiones. Camps ha incidido en que no aceptará estas presiones "vengan de donde vengan y de quien vengan", y ha recordado que es labor del Consell "velar" por la independencia de las cajas.

"Eso trae consigo que éstas puedan adoptar -decisiones- sin ningún tipo de presión externa, y con plena independencia y libertad", ha declarado para recalcar que a partir de estas premisas "todas las posibilidades están siendo estudiadas por las cajas de ahorro valencianas".

Preguntado sobre los estudios que se puedan estar haciendo sobre el proceso que se ha abierto por parte del Banco de España de posibles fusiones, absorciones, alianzas o integraciones entre las cajas de ahorro españolas, ha señalado que esto "hay que preguntárselo a las cajas de ahorro, no al Gobierno". "Son ellas las que están realizando todos los estudios de carácter técnico", ha sentenciado.

En cuanto a la situación en la que quedarían las plantillas de ambas entidades financieras, ha asegurado que esta cuestión preocupa al Gobierno valenciano, pues es competencia suya "velar por la seguridad en el trabajo".

Así, ha garantizado que el Consell actuará igual que lo hace con cualquier expediente de regulación de empleo (ERE), en el que se garantiza que se cumpla con toda la legalidad y se busca "preservar el mayor número de puestos de trabajo posible".
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