Girona marca distancias de nuevo sobre la fusión de cajas

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05 de febrero de 2010 (11:15 CET)

Caixa Girona vuelve a preocupar. Enric Vilert, el presidente de la diputación de dicha provincia ha planteado una renegociación del acuerdo de fusión con las entidades de Terrassa, Sabadell y Manlleu. El dirigente político de la entidad fundadora de la caja quiere aprovechar el impasse creado por el FROB para cambiar aspectos claves del acuerdo.

Vilert lo ha indicado con una cierta claridad. Aspira a que Caixa Girona mejore la proporción de sus representantes respecto al conjunto de la unión. En segundo lugar ha planteado una cuestión muy querida en Girona: conseguir que la sede dela nueva entidad esté en la capital del Ter. Recordar que este mismo punto casi frustró la fusión hace unas semanas.

Diversas fuentes han manifestado que el expediente de la fusión y el plan de integración de las cuatro entidades ya se ha enviado a la Comisión Europea, que podría dar el visto bueno en una semana.

Se da el caso que Vilert, militante de ERC, es trabajador en excedencia de Caixa Girona y conoce perfectamente como funcionan los mecanismos de decisión de la entidad.

De hecho, destacan que la petición de ayudas incluida en este dossier no supera el límite del 2% de los activos en riesgo que se ha puesto como límite para conseguir los fondos, en este caso 500 millones de euros, por los que la caja fusionada deberá pagar un interés que podría llegar al 7,75%.

El malestar de la parte gerundense del acuerdo no ha quedado en los despachos, fuentes sindicales consultadas han manifestado que “todo puede volver a plantearse”. En Girona hubo movimientos en contra de la fusión desde el primer momento. Incluso hoy en Facebook existe un grupo que realiza acciones contra la pérdida de la independencia de la entidad de crédito gerundense.

A pesar de que se mantiene la oposición a la fusión en Girona, el presidente de la Diputación ha aclarado que la entidad provincial podría convocar un pleno para debatir las condiciones d ella fusión. No se plantea que de la reunión de la Diputación salga un mandato imperativo a los 36 representantes de la entidad, si no que lo que plantea es una posición de cada uno respecto al tema.
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