Infracciones gravísimas en CCM

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27 de julio de 2009 (14:37 CET)

El Banco de España propone fuertes sanciones para Caja Castilla-La Mancha (CCM) y su ex Consejo de Administración, además de otra grave, lo que podría suponer la "revocación" para que pueda operar, así como importantes sanciones e inhabilitaciones de hasta diez años para sus ex consejeros.

En el pliego de cargos contra la veintena de antiguos consejeros, el organismo aprecia una "clara carencia de estructura organizativa, así como importantes deficiencias en los mecanismos de la caja para el control interno de las inversiones, de su riesgo crediticio y del riesgo de concentración".

Además, CCM no tenía unas líneas de responsabilidad bien definidas, y coherentes. Respecto al ex presidente del Consejo de Administración Juan Pedro Hernández Moltó, el pliego de cargos recoge que a pesar de que no tenía funciones ejecutivas propias ni delegadas por el Consejo, "se integra de facto en el comité de dirección, asistiendo a todas sus reuniones y además, realiza funciones de gestión directa con los ejecutivos de la entidad, con los que se reunía frecuentemente".

Según el Banco de España, todo lo indicado pone de manifiesto que la estructura organizativa de la entidad se había apartado de las líneas de responsabilidad definidas en sus estatutos y que el ex presidente "se ha extralimitado en las funciones que le correspondían". Respecto a la Comisión de Inversiones, cuyo objeto es informar al Consejo sobre la viabilidad financiera y adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la caja, se pone de manifiesto que los tres miembros de esta comisión eran también miembros de órganos de administración de sociedad participadas por CCM.

El hecho de que José Fernando Sánchez Bódalo, Tomás Martín-Peñato e Ismael Cardo Castillejo compatibilizaran estas responsabilidades "no es congruente con el grado de independencia" que debería tener el órgano de control de las inversiones de CCM, más si se tiene en cuenta que dichos miembros perciben, a su vez, dietas por su participación en los Consejos de Administración de las participadas.

Rajoy pide intervenir

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido hoy a la Fiscalía, "tan ágil y siempre al quite de según qué asuntos", que investigue los "abusos" que a su juicio han cometido los consejeros de Caja Castilla-La Mancha antes de su intervención por el Banco de España. 

Así que Rajoy ha pedido a la Fiscalía, "siempre al quite de según qué asuntos" -una alusión implícita al "caso Gürtel"-, que investigue tales hechos, que "afectan a muchos ciudadanos". Igualmente ha pedido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que aproveche esta "magnífica oportunidad" para "acabar con los abusos que hicieron sus compañeros de partido en Caja Castilla-La Mancha". Sobre el informe, el presidente del PP ha indicado que "no pinta bien" y que cita aspectos "enormemente preocupantes", toda vez que desvelan que los gestores de la entidad castellano-manchega "no han hecho las cosas bien". Y ya que Zapatero, ha dicho, se ha dedicado desde el estallido de la crisis a "echar la culpa a todo el mundo", tiene ahora que exigir responsabilidades a quienes se han extralimitado en sus funciones al frente de una entidad financiera como Caja Castilla-La Mancha.

Además, la inspección ha detectado "importantes deficiencias" en los mecanismos de control interno de la actividad inversora y en el procedimiento de decisión de inversiones y desinversiones estratégicas, así como en concesiones de créditos y asunción de riesgos. Cita como ejemplo la ampliación de la participación de CCM en el Aeropuerto de Ciudad Real, del 25% al 37,6%, sin que hubiera informe de la Comisión de Inversiones, caso similar a lo ocurrido con inmobiliarias como 'Centrum', 'Lohtse Desarrollos Inmobiliarios'.

En casos como 'Metrovacesa' ni siquiera el Consejo se dio por informado de la OPA parcial a la que acudió la caja y respecto a otras inmobiliarias no se informó al consejo de CCM Corporación ni al de la entidad y tampoco hubo informe de la Comisión de Inversiones. Estas decisiones -a juicio del Banco de España- han afectado a la situación económica y patrimonial de la caja, pues ha habido deterioro en el valor de los activos de 35 de las 45 sociedades participadas por un total de 417,2 millones de euros, con un impacto de 221,9 millones en la cuenta del resultados del grupo. Todo ello, podría constituir una infracción "muy grave".

Respecto de los órganos de seguimiento del riesgo, el pliego de cargos abierto por el Banco de España señala que existe una carencia de medios humanos dedicados a esta función, una deficiencia que se acentúa -afirma el informe- en la actividad inmobiliaria, ya que no se ha realizado un trabajo sistemático de control de las promociones, suelos y certificaciones de obra.
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