La Generalitat decide al final subir dos puntos el IRPF a los que cobren más de 120.000 euros

El ejecutivo de la Generalitat ha aprobado aumentar la presión fiscal a los contribuyentes con salarios superiores a los 120.000 euros, lo que supone un 0,5% de los catalanes sujetos a este impuesto.

La subida se hace de manera progresiva y en dos tramos, el primero de ellos a partir de los 120.000 euros de renta, cuyos contribuyentes se verán afectados en dos puntos, pasando a tributar del 21,5% al 23,5%. El segundo tramo es para las rentas a partir de los 175.000 euros anuales, que se gravarán con cuatro puntos adicionales, pasando a tributar del 21,5% al 25,5%.
En los días previos a la toma de la decisión se ha producido un curioso baile de posiciones, que ha mostrado que los partidos políticos del gobierno catalán miraban más a sus intereses electorales que al esfuerzo para reequilibrar las cuentas públicas de esta autonomía.

El elemento clave del debate ha sido , una vez aceptado retocar el tramo autonómico del IRPF, el qué, el como y el cuando. Por una parte, el PSC, con el consejero de economía y finanzas, Antoni Castells, en primer plano y el presidente José Montilla al fondo, no querían hacer de este tema un elemento de desgaste, ni en el plano interno ni en el de la relación con el gobierno central. Saben que adelantarse a lo que decida la ministra Salgado y el presidente Zapatero respecto al que han llamado impuesto a los más ricos, se leerá en clave de enfrentamiento entre los dos gobiernos.

Otras medidas que se han anunciado este martes y que complementan a las presentadas el sábado pasado son el recorte de 400 millones de euros vinculados a la inversión en infraestructuras, las cuáles no se paralizarán, pero sí se retrasarán. «Hay obras adjudicadas que comenzarán más tarde y las que están en marcha se retrasarán. Cuando hablamos de reducción en obra pública hablamos específicamente de la línea 9 de metro. Las obras de la línea 9 de metro no se paralizarán pero si se retrasarán», aclaró el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal.

La oposición del PSC a la subida diferencial en Catalunya de los impuestos directos, o lo que supondría crear un “infierno fiscal” en contraposición a conoce como un “paraíso fiscal”. Como derivada de esta, en el PSC no se quiere dar la imagen de un partido que castigue a las clases medias. Saben que este argumento sería aprovechado a fondo por la oposición y saben también que es el terreno central de la política donde se cocinan las mayorías y donde se pierden los comicios.

Para justificar el retraso Montilla ha querido vincular la subida de impuestos a las rentas más altas a otras medidas que necesitarían retoques legales, como subidas en el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados o el impuesto a los coches más contaminantes y dichos cambios requieren tiempo.

ERC, ha defendido con poco entusiasmo la imposición de un gravamen a las rentas. En todo caso lo que si que quieren los republicanos es dar una imagen diferenciada de la respuesta catalana a la crisis. Por ello, no han visto bien la decisión de aplazar la decisión sobre cuanto subirá el IRPF en el ámbito catalán a la espera de lo que decida Madrid. Sea como fuere, la filosofía general del tripartito no es vista negativamente por los republicanos, más preocupados por recuperar votos de su flanco nacionalista que por entrar en una subasta izquierdista en la que piensan que tienen más a perder que a ganar, y que por otra parte servía para alejar a este partido de una posible alianza posterior con CiU.

Y está ICV-IU, que a pocos meses de las elecciones ha visto en la crisis una forma de marcar perfil. A los ecosocialistas les urge dejar claro que su presencia en la Generalitat no sólo sirve para asumir unas cuotas de poder sino para influir en la política social del ejecutivo.
En concreto el grupo de izquierdas ha defendido que el gobierno catalán aumente en dos puntos el IRPF autonómico para las personas que ingresen unos 9.000 euros mensuales, equivalente a 126.000 euros anuales. Para la rentas superiores, en ICV se ha defendido un incremento de 4 puntos, lo que finalmente se ha decidido.

Por lo tanto no solo han presionado para que la Generalitat anuncie junto a los recortes un paquete de medidas que se apliquen a los poderosos, si no que ha hecho de esta presión una cuestión central en su política mediática. Quieren que “se note” la presencia de esta fuerza política de forma que los votantes de su coalición puedan esgrimir el contrapeso del gravamen a las rentas más altas a la aceptación del recorte de sueldo a los trabajadores de todo el sector público.

Fuera de la lógica gubernamental se mueven CiU, que casi por principios se opone a subidas de impuestos directos que, en palabras de Mas, afectarían incluso a las clases populares. Tampoco bendicen los nacionalistas moderados los recortes a las pensiones, pero no se oponen a ellos por responsabilidad. Saben que esto vende bien en su electorado e incluso da pátina de seriedad en el intento de conseguir una alianza tácita con el gobierno en Madrid. A nadie se le escapa que además, salvar en el Parlamento al gobierno de Zapatero, supone para la coalición evitar que las elecciones catalanas y las generales se realicen al mismo tiempo, lo que habría perjudicado las expectativas de los catalanistas.

Y el PP, que en su rocambolesca política, ahora ve antisociales las medidas que pedía con urgencia y que en Catalunya, según su presidenta, Alicia Sánchez Camacho, lo que se debe hacer no es subir impuestos si no bajarlos. Todo ello aliñado con su posición contraria a los recortes de pensiones y de algunos gastos públicos sin que explique a cambio como compensará dichas medidas si se quiere evitar el batacazo de los mercados y la intervención de Europa en la economía española.