La Generalitat fusionará las cooperativas de crédito

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114 entidades con activos de 700 millones

23 de febrero de 2010 (14:02 CET)

El Departament d'Economia i Finances tiene en marcha un proceso para fusionar las secciones de crédito de las cooperativas agrarias que hay en Catalunya. Las negociaciones se están desarrollando en el más absoluto secreto ya que la reconversión a que obligará podría levantar ampollas en el ya movido mundo rural catalán.

La idea guía es dotar de más solidez al entramado económico rural. Actualmente, en muchas pequeñas poblaciones la entidad de crédito más importante es la sección de crédito de la cooperativa agraria. Esta entidad acoge los fondos de los socios cooperativistas y de los llamados colaboradores. Con ese dinero se financian, muchas veces en condiciones mejores que las del mercado, las transacciones agrícolas y ganaderas de la población y las de muchos vecinos, ya que el coste de la gestión es casi cero.

Para dar una idea de la magnitud de este grupo de entidades, en Cataluña quedan 114 que tienen depósitos valorados en 700 millones, según han indicado a ED fuentes del sector.

El proyecto que se ha empezado a negociar con las entidades afectadas consistiría en la creación de una caja rural que englobase todas las secciones de crédito que quieran sumarse. Para ello se utilizaría la ficha bancaria que tiene la sección de crédito de la localidad de Castelldans, en les Garrigues.

La nueva caja tendría, no obstante, un tamaño menor de los 700 millones de euros a que antes se ha aludido, porque no incluiría las secciones de crédito de las comarcas de Barcelona para evitar tener que cumplir con costosos requisitos que impone el Banco de España a este tipo de entidades cuando superan unas determinadas dimensiones.

El plan se está exponiendo actualmente a las grandes cooperativas agrarias con secciones de crédito: La arrocera de Amposta, las de Cambrils, San Jaume dels Domenys, Santa Bàrbara y Coselva, además de las dos cooperativas agrarias de Les Borges Blanques.

El proceso implicaría que el capital inicial de la nueva caja rural lo aportase inicialmente el Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) dependiente de Agricultura, que iría vendiéndose las participaciones conforme se añadiesen nuevas entidades. Se habla de que este capital inicial oscilaría entre los 7 y 8 millones de euros.

Por parte de la Generalitat se ha contratado como responsable del proceso a Jordi Dagà, el que fuera vicepresidente de la SEPI y uno de los que gestionó también la última reconversión de Nissan.

En las cooperativas agrarias apenas se han empezado a analizar las sugerencias del departamento que dirige Antoni Castells. Uno de los problemas que se plantean es que centralizar en una sola entidad la gestión que actualmente hacen las secciones de crédito puede suponer que muchas cooperativas dejen de tener el nivel de financiación del que han gozado hasta ahora. En segundo lugar en muchas poblaciones las secciones de crédito son el único servicio bancario existente porque tienen pocos habitantes. La unificación supondría cerrar dicho servicio, a lo que la propuesta oficial plantea instalar cajeros automáticos, una opción que la mayoría de los implicados ve como claramente insuficiente.

En el fondo, lo que preocupa también es que se pueda repetir algún caso como el de Copalme de la localidad de Almenar en el Segrià, en el que la Generalitat fue considerada responsable por los afectados de esta cooperativa de crédito que vieron como sus depósitos desaparecían a causas de unas inversiones ruinosas hechas desde esa entidad. Finalmente se consiguió salvar el 50% de dichos depósitos a partir de la intervención del Departamento de Agricultura y el ICCA.
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