La Policía, a la caza del patrimonio de Blesa en el extranjero

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CORRUPCIÓN

El ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa I EFE

30 de noviembre de 2014 (12:17 CET)

La Unidad de Policía Judicial investiga por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu si el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, tiene participación en sociedades y dispone de cuentas en el extranjero. El objetivo de esta pesquisa es ampliar el embargo de sus bienes impuesto para cubrir la fianza de responsabilidad civil por el uso de las tarjetas black de la entidad, han informado fuentes jurídicas.

El exbanquero aportó el pasado 30 de octubre como únicos bienes una póliza de seguros por valor de 15 millones de euros suscrita con la compañía Mapfre durante su etapa como presidente de la entidad, de la que fue máximo responsable entre 1996 y enero de 2010, y su casa familiar en la capital.

Patrimonio real

Tras recibir esta información, que Blesa facilitó a la secretaria judicial del Juzgado Central de Instrucción número 4 durante una comparecencia que se produjo en su domicilio, el Juzgado inició los trámites para determinar el patrimonio real del exbanquero, que está imputado por un delito continuado de administración desleal.

El juez Andreu ha ordenado ya el embargo de las viviendas, coches y cuentas de las que dispone Blesa en España y que fueron localizadas tras estas averiguaciones, han informado las mismas fuentes.

Fianza millonaria

Andreu ordenó el inicio del proceso de embargo después de que venciera el plazo de tres días que dio a Blesa y al expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato para que depositaran sendas fianzas de 16 y tres millones de euros por consentir el uso de las tarjetas en B durante sus etapas al frente de la caja de ahorros.

Blesa intentó sin éxito que Mapfre, aseguradora de Caja Madrid, se hiciera cargo del aval y no presentó ninguno alternativo durante el plazo que tenía para ello.

El juez sostiene que Blesa y Rato habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso de las 'tarjetas B', que supusieron un coste de 12,5 millones de euros durante el mandato del primero (de 1996 a enero 2010) y de 2,6 millones durante la etapa del exvicepresidente del Gobierno al frente de la caja madrileña (entre enero de 2010 y mayo 2012).
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