Las 26 medidas del gobierno contra la crisis

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes sólo 26 de las 54 medidas anticrisis que presentó el pasado 26 de marzo. El gobierno pretendía obtener un ampio apoyo para sacarlas todas adelante pero las reticencias de los partidos de la oposición le han obligado a reducir la lista para evitar así su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría a los demás partidos introducir enmiendas al texto.

Con esta lista de medidas reducida, el ejecutivo de Zapatero tiene asegurado el voto favorable de los diez diputados de CiU y los tres de ERC, a los que se sumarán los dos diputados de Coalición Canaria, lo que le da una mayoría absoluta de 182 escaños.

Asimismo, tanto el PP como el PNV descartan votar en contra, si bien aún no han decidido si se decantarán por el ‘sí’ o por la abstención, y esperarán a conocer el contenido exacto de la norma que hoy aprobará el Gobierno. El único rechazo confirmado es el de Izquierda Unida, la única que también ha avanzado que pedirá la tramitación como proyecto de ley.

Estas serán algunas de las medidas que previsiblemente se aprobarán en el Congreso de los Diputados:

– Incentivos fiscales a la rehabilitación, si bien no incluirá el tope máximo de 39.407,20 euros de renta anual que se planteó anteriormente para la nueva deducción y se limita a enunciar que «decrecerá progresivamente para los contribuyentes con rentas más altas».

La deducción será del 10% para contribuyentes de renta inferior a 33.007 euros con un límite de 4.000 euros anuales por vivienda para obras de mejora de la vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes, con el mismo límite anual y con un máximo total de 12.000 euros.

– Reducción del IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012.

– Se ampliará el concepto de rehabilitación estructural a efectos de IVA definiendo las obras análogas y conexas a las estructurales con el objeto de reducir los costes fiscales asociados al proceso de rehabilitación.

– Reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo del obligado, si bien no se explicita de qué forma se distribuirán.

– Aplicación del tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia mediante plazas concertadas en centros o residencias.

– Concesión directa por parte del ICO de créditos a pequeñas y medianas empresas de hasta 200.000 euros, asumiendo el organismo el 100% del riesgo de la operación.

– Eximir a los trabajadores de tributar en el IRPF las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.

– Flexibilización de los requisitos para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, acortando el plazo de 1 año a 6 meses.

– Se revisarán los requisitos de reinversión de los fondos derivados de las titulizaciones FTPYME, permitiendo que se destinen a financiar activo circulante de pymes. Ahora la reinversión debe estar destinada a financiar proyectos de inversión.

– Simplificar para las pymes las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas. No afectará en ningún caso a las operaciones con paraísos fiscales.

– Reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley de Subvenciones para posibilitar la continuidad de la relación contractual o de las subvenciones con las empresas sometidas a procedimientos de concurso «cuando de ello no resulte lesionado el interés público».

– Ampliación a 2011 y 2012 de la prórroga de la libertad de amortización siempre que se mantenga el empleo.

– Revisión de la definición de empresas de servicios energéticos como elemento de dinamización de la rehabilitación del parque existente de edificios con vistas a la reducción del consumo energético.

– Reformas legales para asegurar la pronta contratación y realización de un plan de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las administraciones públicas, mediante la contratación de este tipo de empresas para alcanzar un ahorro del 20% del consumo energético en el horizonte 2010-2012 en 2000 edificios públicos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y entidades locales.