Las diputaciones cuestan los mismos 22.000 millones que han salvado a España e Italia

La factura por devolver la tranquilidad a los mercados de deuda y cortar de raíz los rumores de rescate a España e Italia le salió muy cara la semana pasada al Banco Central Europeo (BCE). Compró bonos de los países con graves problemas por valor de 22.000 millones de euros. Esta es la misma cantidad que le supone el Estado español mantener 38 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares.

En pleno debate sobre la conveniencia de mantener o no las diputaciones, las cifras demuestran que en el cualquier caso es necesario aplicar un recorte de costes de altos vuelos. Resulta significativo que el mantenimiento de una estructura intermedia con muchas de sus funciones solapadas cuando no absorbidas por las comunidades autónomas y los grandes ayuntamientos tenga el mismo coste que la mayor intervención del BCE en los mercados desde que empezó la crisis para salvar el euro.

Nunca la institución que preside Jean Claude Trichet había realizado un esfuerzo similar. Como referencia, compró deuda griega por valor de algo más de 16.000 millones en pleno rescate de la economía helena. Los 22.000 millones que cuestan cada las diputaciones son también el equivalente al impacto que tendrá el adelanto del apagón nuclear al que tendrán que hacer frente las compañías energéticas alemanas, según un estudio del banco regional del Estado federado de Baden-Württemberg (LBBW).

¿Hay relación entre los recursos que consumen y el servicio que las diputaciones ofrecen a los ciudadanos? Según las cifras correspondientes a 2009, sólo las diputaciones provinciales contaron con un presupuesto anual de 6.871 millones de euros. La mayor parte del pastel es para las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, que contaron con un presupuesto conjunto de 15.082 millones de euros. Pero en este caso hay que subrayar que este trío tiene también competencias en materia de impuestos.

Costes de personal insostenibles

Una de las grandes lacras de las diputaciones es que más de la mitad de los presupuestos se destinan a pagar las nóminas de sus empleados. Por lo tanto, cargan con unos costes de estructura muy elevados. Según distintos cálculos, los cabildos y diputaciones provinciales dan trabajo a cerca de 80.000 personas que trabajan a las órdenes de más de un millar de diputados provinciales.

La composición de las diputaciones depende de los resultados de las elecciones locales y el número de diputados provinciales del número de habitantes de cada provincia. Hasta 500.000 residentes corresponden 25 diputados; de 500.000 a un millón, 27; de un millón a 3,5 millones, 31; y de 3,5 millones en adelante 51 diputados. El resultados es que en las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo fueron elegidos 1.040 diputados provinciales y 157 consejeros de cabildos insulares, frente a los 1.038 diputados y 153 consejeros, respectivamente, de la anterior cita electoral municipal. Aquí también hay una diferencia sustancial con las diputaciones forales, cuyos representantes se eligen de forma directa.

Deuda de 6.358 millones

Otras de las grandes lacras de las diputaciones, consejos y cabildos insulares es su elevada deuda, que al cierre de 2010 alcanzaba los 6.358 millones de euros. ¿Se justifica esta cifra en unas instituciones que según el ex presidente del Gobierno Felipe González son “redundantes”? Hoy, las competencias de las diputaciones se ciñen casi exclusivamente al ámbito cultural. Otras que en su creación fueron claves con la gestión de las carreteras y vías públicas o la sanidad han sido absorbidas en su práctica totalidad por las comunidades autónomas.

A la vista de su estructura de costes y de su nivel de deuda, se llega la conclusión que los políticos españoles que deben decidir sobre el futuro de las diputaciones tienen un serio problema por delante. Estas instituciones han servido para colocar a muchos de sus cuadros que se han quedado fuera de otras de mayor rango. Mientras el PSOE reclama ahora su desaparición después de unas elecciones que les deja el control de apenas ocho diputaciones, el PP ha echado agua al fuego recordando que hay 15 millones de personas dependen de las diputaciones.