Las empresas ahorrarían 1.000 millones de euros si ajustaran los salarios a la deflación

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10 de junio de 2009 (19:54 CET)

A la complicada situación económica actual, hay que sumarle una extraña paradoja que está teniendo lugar en algunas empresas: mientras el precio de los productos que ofrecen siguen bajando, los salarios de sus trabajadores crecen. El pasado mes de abril, los salarios repuntaron un 3,5% en su tasa interanual, mientras la inflación había bajado un 0,8% respecto al mismo mes del año anterior. 

Esta situación es la consecuencia lógica de la falta de reacción por parte de los empresarios, durante los años de vacas gordas, a la hora de prever el impacto de la inflación sobre los costes laborales; un hecho que hoy les está pasando factura. Catorce meses tuvieron que pasar desde el inicio de la crisis para que los empresarios empezaran a rebajar los sueldos a sus trabajadores, y esta tardanza en el tiempo de reacción ha llevado a algunos expertos a certificar que la falta de adaptación entre la evolución de los precios y el IPC es uno de los puntos débiles del mercado laboral en España. 

Según informa el diario Expansión, la diferencia entre la actual evolución de los precios y el repunte de los salarios hace que las grandes empresas pierdan aproximadamente 1.000 millones de euros al año. Este cálculo está realizado sobre la base de las empresas que la Agencia Tributaria (AEAT) califica como “grandes”: las que tienen un volumen de operaciones que ha superado los 6,01 millones de euros en el último ejercicio y que, además, emplean, en su totalidad, a más de cinco millones de personas en España. 

Por otro lado, las rigideces de los convenios colectivos han dificultado el hecho de poder trasladar a los sindicatos una rebaja salarial, sobre todo en un contexto en el que el Gobierno rechazaba la posibilidad de entrar en deflación. 

Y mientras todo este entramado tiene lugar, la tasa interanual se ha situado en el –0,8%. Si concluyera el año con una tasa negativa del IPC, todos los contratos públicos suscritos en España deberían ser modificados. Un panorama inusual que inquieta (y con razón, dado que nunca se ha producido una revisión a la baja) a letrados, empresas y administraciones.
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