Las empresas públicas deben el doble de lo que el gobierno invierte en infraestructuras

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En los últimos quince años, la deuda de las administraciones públicas españolas, tanto la estatal como las autonómicas y locales, no ha parado de crecer, aunque en proporciones muy distintas. Así, entre 1995 y 2009, el endeudamiento estatal creció un 27,6%, mientras que el autonómico se disparó un 212,5% y el de los municipios un 93%, según los datos recogidos en el informe “La metástasis del INI”, elaborado por la economista María Gómez Agustín para la patronal Foment del Treball.

Este incremento exponencial de la deuda pública se debe especialmente al hecho de que las administraciones, especialmente las autonomías y los municipios, para evitar incumplir las leyes de estabilidad presupuestaria, decidieron crear múltiples empresas y sociedades públicas para prestar servicios varios y cuyas cuentas quedaban fuera de los balances oficiales, registraran pérdidas, ganancias o deudas. Por ejemplo, en Catalunya, entre 2003 y 2009, el número las sociedades mercantiles municipales creció un 38%.

Así, a mediados de 2009, en España se contabilizaban un total de 2.200 organismos, de los cuales 787 eran autonómicos, 1.185 locales y 283 estatales. Analizados los datos desde 1998, se constata que el sector público estatal español ha perdido peso, mientras que el de las autonomías y municipios no ha hecho más que incrementarse. Hace 12 años, había 331 sociedades estatales, es decir, más que las actuales, pero sólo 460 autonómicas y 469 locales.

Con esta evolución, no es raro que la deuda “extrapresupuestaria”, es decir, la que han generado estas sociedades públicas que operan al margen de los presupuestos de los respectivos gobiernos, se haya disparado. Si , según los cálculos del informe, en 1995, la deuda de las empresas estatales, autonómicas y locales alcanzaba los 18.775 millones de euros, en 2009 esta cifra llegó a los 47.191 millones, es decir un 151% más.

Se da la circunstancia que el volumen de la deuda de las empresas públicas dependientes de las administraciones supera con creces algunas de las partidas de los presupuestos generales del Estado para este año. Por ejemplo, el ejecutivo español prevé invertir 31.188 millones en actuaciones de carácter económico, es decir, 16.000 millones menos que lo que deben las sociedades públicas. También están por debajo de la deuda el gasto previsto para la prestación por desempleo (31.000 millones), el gasto en infraestructuras, que se queda en 24.000, o el gasto en servicios públicos básicos, que se quedará en 21.500 millones.

Esa proliferación de empresas públicas, junto con el hecho de que las autonomías tengan que pagar intereses más elevados a la hora de emitir deuda pública, otra de las formas que utilizan para endeudarse, ha provocado que lo que tienen que pagar haya pasado de representar el 0,5% del PIB en 1984 a ser ya el 7,9%.

No obstante, para algunos economistas como Ángel de la Fuente, miembro del Instituto de Análisis Económico del CSIC, el principal problema de las autonomías no es su deuda “que aún es baja porque no han tenido tiempo de endeudarse, sino sus elevados gastos”. De la Fuente considera que sólo disminuyendo el gasto en la política de empleo público, la sanidad y en pensiones se solucionaría una parte de los problemas de las cuentas públicas.

En cualquier caso, el informe de Foment corrobora como las autonomías han imitado en más de una ocasión las políticas que llevaba a cabo el Estado para organizar sus respectivas administraciones, con un resultado bastante pobre.

Economía Digital

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