Las grandes fortunas españolas huyen de la incertidumbre

Son casi cinco años de amenazas e incertidumbres sobre un instrumento de inversión utilizado principalmente por las grandes fortunas familiares para canalizar sus inversiones, las sicav o sociedades de inversión de capital variable. Ahora estas amenazas están cerca de concretarse. Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, anunció un mayor control sobre las sicav, algo que comparte plenamente su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que defiende trasladar la supervisión de estos vehículos financieros a la Agencia Tributaria, modificar su fiscalidad y controlar a los socios de las sicav. 

Con este panorama, los grandes patrimonios están poniendo tierra de por medio. La presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, admitió el pasado jueves que el banco ofrece «desde hace años» a sus clientes de banca privada alternativas de inversión, entre ellas constituir una sicav en Luxemburgo, donde tiene licencia desde 2013.

Las cifras son claras. El número de sicav activas en España muestra un descenso continuado desde su pico de 2015, cuando había 3.399 sociedades, hasta las 2.631 de cierre de 2019, lo que supone un descenso del 22,6 %, según los datos de la consultora Vdos.

Las cifras de patrimonio reflejan también caídas constantes, desde los 33.341 millones de 2015 hasta los 28.192 millones de 2018, aunque en 2019 se rompió la tendencia y se produjo un aumento del 8 %, hasta 29.467 millones.

Diferencias con los fondos

La diferencia fundamental entre las sicav y los fondos de inversión es su personalidad jurídica: las primeras son empresas y los segundos, instrumentos financieros.

En las sicav debe haber al menos 100 socios y un capital mínimo de 2,4 millones de euros, frente a 3 millones en los fondos, que no requieren un umbral mínimo de partícipes.

En realidad las primeras son instrumentos usados por grandes patrimonios, en muchos casos una familia, que decide la política de inversión, y suele hacerse acompañar por hombres de paja o «mariachis» hasta completar los 100 miembros requeridos para su constitución.

La gran batalla en torno a estas sociedades está en el ámbito fiscal, puesto que sus beneficios se gravan al 1% y sus partícipes solo tienen que tributar cuando venden su participación. En caso de que haya plusvalías se computan como ganancia patrimonial.

Además, el debate está centrado en la supervisión, que desde 2005 es responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos defiende en el capítulo relativo a justicia fiscal y equilibrio presupuestario, un «mayor control» de las sicav trasladando la inspección a la Agencia Tributaria.

Además, el acuerdo prevé «requisitos adicionales» para la aplicación del tipo impositivo reducido para asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, estableciendo, por ejemplo, un tope de concentración de capital a manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas).

Este endurecimiento del tratamiento de las sicav ya se previó también en el acuerdo que en 2016 suscribieron PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, en el que se establecía la devolución a la Agencia Tributaria del control y que solo contaran como accionistas aquellos con una participación superior al 0,55 % para evitar esos «mariachis».

Esas medidas nunca se adoptaron pero los datos reflejan que a partir de entonces cae la constitución de nuevas sicav en España; el objetivo de aumentar su control se retomó en el decaído proyecto presupuestario de 2019, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

Debate sano

Esta misma semana el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, alertó sobre el riesgo de deslocalización de estas sociedades y pidió al Gobierno un debate «sano y claro» sobre su regulación para que cese la incertidumbre.

Además, consideró que si se produce un cambio de fiscalidad hay un riesgo elevado de que estos instrumentos salgan del país, tesis en la que coincide el presidente de la patronal de fondos de inversión, Inverco, Angel Martínez-Aldama, que señala que se irán a otros países de la UE, sobre todo a Irlanda y Luxemburgo, donde el tipo del Impuesto de Sociedades para estos productos es el 0 %.