Los registros de Pretus y del Banco Espirito Santo pusieron a Hacienda en la pista del presunto fraude de los Carulla

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El informe de Hacienda remitido a la Audiencia Nacional sobre el presunto delito fiscal se centra en las operaciones realizadas con dos sociedades de las Antillas Holandesas y controladas desde Suramérica por la familia

15 de diciembre de 2010 (23:49 CET)

Los registros que el fiscal de la Audiencia Nacional Luis Pastor ordenó en 2007 de la sede del portugués Banco Espirito Santo y de la del bufete de abogados Pretus fueron el detonante para construir el caso de fraude fiscal contra la familia Carulla, propietaria de Agrolimen. En aquellas investigaciones se halló material relacionado con dos sociedades de las Antillas Holandesas, vinculadas después a firmas que estaban en países suramericanos (Uruguay y Costa Rica) y que son propiedad de los empresarios catalanes. Las operaciones cruzadas entre ellas pretendían supuestamente eludir el pago de impuestos en España.

Con aquellos mimbres, la Agencia Tributaria construyó en 2008 un informe exhaustivo que puso en manos de la Audiencia Nacional. Una vez remitido a Barcelona, ayer el fiscal de delitos económicos de Catalunya, Francisco Bañeras, y el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porras, formalizaron el inicio las investigaciones a partir de la documentación recibida desde Madrid. En los próximos días, los miembros de la familia Carulla serán notificados de manera oficial por su implicación en la investigación y citados a declarar.

Declaraciones y situación procesal

A partir de escuchar los testimonios de los hermanos (Lluís, Artur, Mariona, Aurelia, Montserrat y Jordi Carulla Font), además de los de sus hijos, el magistrado decidirá si imputa a los propietarios de Agrolimen. En 2007, los herederos del grupo Gallina Blanca constituyeron sendas sociedades que son las tenedoras de sus acciones en la empresa familiar. Lluís Carulla constituyó la sociedad Minllu Empresarial; su hermano Artur, Minar Empresarial; Mariona, Minma Empresarial; Aurelia, Minau; y Montserrat, Mintmonts Empresarial. El sexto hermano, Jordi Carulla Font, canalizó su vinculación con Agrolimen a través de Inveral Inversiones y Pronver Inversiones. En fuentes financieras, a las sociedades instrumentales tenedoras de las acciones se las bautizó como las “Min”, puesto que todas ellas incorporan esa raíz unida a las referencias al nombre de cada uno de sus propietarios.

De 2006 y 2007 son la mayoría de las operaciones identificadas por la investigación. En aquellos dos años se produjeron ventas de acciones de los seis hermanos Carulla a las sociedades holandesas por un importe aproximado de 160 millones de euros, siempre según fuentes de la investigación.

Un asesor fiscal en nombre del grupo aseguró ayer a Economía Digital que sólo uno de los hermanos Carulla Font tiene su domicilio fiscal fuera de España. Se trata de Jordi. La misma fuente aseguró que “todas las filiales operativas del grupo dependen de empresas españolas”, aunque nada dijo sobre estas ventas de participaciones en 2007 a sociedades radicadas en el entonces paraíso fiscal de las Antillas Holandesas.

Residencia y pago de impuestos


De hecho, uno de los focos de investigación de la fiscalía de delitos económicos y del juez del caso son los domicilios fiscales de miembros de la familia. La condición de no residente es una situación tributaria que permite acogerese a beneficios en el pago de impuestos que dependen de los convenidos entre estados que evitan la doble imposición. Esa figura ha sido utilizada por diferentes fortunas para minimizar su factura ante Hacienda. El caso del fallecido Juan Antonio Samaranch, todavía en vías de resolución, o el de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, condenada por el Supremo, han sido algunos de los más paradigmáticos de los últimos años.

Tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional que inicio el sumario en favor del magistrado barcelonés titular del Juzgado número 4, ahora deberá ser su responsable quien determine qué diligencias procesales autoriza para completar la investigación. Fuentes judiciales señalaron que el caso fue rechazado por el juez Juli Solaz, que instruye el llamado caso Millet por el latrocinio de los fondos del Palau de la Música.
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