Maraña de denuncias inmobiliarias por la crisis

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11 de marzo de 2009 (14:15 CET)

En tiempos de vacas flacas todo son problemas, especialmente en el mundo de la promoción inmobiliaria. Con el súbito cambio de ciclo muchas inversiones que consideraban muy provechosas han terminado en fiasco, y de aquí a las denuncias entre los socios que participaron en las operaciones sólo hay un paso.

Las familias catalanas, Sagué y Olivella, accionistas minoritarios del Grupo Inversor Hesperia (Ghisa) del que tienen el 21% del capital, han denunciado a José Antonio Castro, presidente de la compañía y propietario del 75% de la sociedad, por estafa y falsedad de cuentas desde el año 2000, según informa el diario Expansión.

Las familias denuncian que en una ampliación de capital de Ghisa, José Antonio Castro, que también es el máximo accionista de la cadena de hoteles Hesperia, aportó unos terrenos en Fuerteventura, eso pasó en el año 2000. Las fincas, según los minoritarios permitieron a Castro incrementar su participación de Ghisa hasta conseguir el control efectivo. Pero hasta ahora no se ha podido construir en los terrenos canarios, lo que implica que el valor real de dichas fincas ha resultado inferior al reflejado en la ampliación de capital.

A su vez, Castro, protagoniza otra denuncia parecida. Junto con Dolores Ortega, sobrina del propietario de Zara:  Amancio Ortega, presentaron una acción judicial contra el presidente de la Inmobiliaria Habitat: Bruno Figueras y su socio, Josep Suñol. La denuncia fue por estafa.

La argumentación esgrimida por Castro es muy similar a la que ahora plantean sus socios minoritarios. En su texto, afirman que la ampliación de capital que Habitat realizó para comprar Ferrovial Inmobiliaria (valorada en 2200 millones, de ellos 600 en deuda), encubrió temporalmente una quiebra técnica de la compañía. Y aseguran que la empresa que era Habitat a finales de 2008 “no tiene nada que ver” con la que les presentaron en diciembre de 2006, cuando esta compró Ferrovial Inmobiliaria.

Operaciones similares con resultados parecidos se dan en el ámbito la construcción, la última la de las familia catalana Mestres, contra Genís Marfà, por una operación que parece calcada de las anteriores. Acusan a Marfá de tomar el control de la sociedad Inversiones Interlaken 2003, a partir de la aportación de unos terrenos situados en Zaragoza que se valoraron en 620 millones de euros. Con esa operación, Marfá consiguió después el control de la promotora Aisa, pero ahora resulta que los terrenos de Zaragoza tampoco son urbanizables y su valor nada tiene que ver con el teórico que sirvió para realizar la toma de control de las empresas antes citadas. Y todo ha terminado también en el juzgado.
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