La Audiencia Nacional rechaza anular la venta al Santander. EFE/Archivo

Los minoritarios del Popular llevan la venta al Santander a Bruselas

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La Aemec considera que los accionistas podrían haber percibido 1,85 euros por acción en un proceso ordenado de liquidación

A Coruña, 03 de agosto de 2017 (15:19 CET)

Nuevo frente legal en la lucha de los accionistas del Popular por recuperar el dinero de sus títulos. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha anunciado este jueves que interpondrá un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para impugnar la resolución del Banco Popular por la Junta Única de Resolución

Según argumenta en un comunicado, con este recurso, que presentará este viernes a través del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, pretenden conseguir una "adecuada” compensación económica por las acciones de Banco Popular, cuyo valor ascendía a 1,85 euros cada una en el momento de la resolución, cantidad que, consideran, podrían haber percibido en un proceso ordenado de liquidación.

Los minoritarios esperan obtener un precio justo por sus títulos, en torno a los 1,85 euros

Este valor es el que la asociación extrae de las últimas cuentas anuales auditadas disponibles de la entidad, que arrojaban un capital CET1 de 7.808 millones de euros. En este sentido, creen que en una valoración en escenario de concurso (valoración patrimonial), el accionista hubiera recibido un "mejor tratamiento" que en la valoración realizada para un escenario de resolución por falta de liquidez, una medida que considera como "desproporcionada e injusta".

Contrario a derecho

Además, la Aemec denuncia que la situación patrimonial de Popular "en absoluto justificada" la resolución de la entidad, ni en términos de solvencia, ni de liquidez y asegura que la intervención de las autoridades fue fruto de una "falta evidente de vigilancia prudencial" por parte de los reguladores.

Es más, cree que el régimen de resolución de entidades es "gravemente contrario" a los derechos fundamentales de la Unión Europea (UE) al no reconocer el pago de compensación a accionistas y acreedores ni conceder un trámite de audiencia.

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