Un tercio de los ayuntamientos catalanes, con el agua al cuello

Por lo menos un tercio de los más de 900 ayuntamientos catalanes declaró en 2008 números rojos. De estos consistorios 33 han solicitado la tutela de la Generalitat para afrontar su alto endeudamiento, informa el diario El País.

Durante la época de las vacas gordas se ha estirado más el brazo que la manga y muchas poblaciones, al calor de la bonanza del ladrillo no solo pusieron en pié nuevos equipamientos si no que aceptaron que los gastos corrientes se disparasen. Ahora, cuando la recaudación se hunde,l se congelan inversiones, se aplazan pagos y se reducen plantillas, además de renegociar la deuda. Incluso en algunos casos se ha llegado, sin aplicarse a habla de aplicar EREs.

La Cambra de Comerç de Barcelona, por boca de su presidente, Miquel Valls, explicitaba el malestar de los empresarios ante la situación de retraso en los pagos de las administraciones públicas. Un estudio de la entidad indicaba que las empresas privadas tardan de media 76 días a pagar. Las públicas 123 y en la administración local el retraso llega a casi 7 meses.

El contraste entre el momento en que todo iba bien y el actual es brutal. Muchos consistorios han pasado de asumir competencias que no loes correspondían a hacer lo estrictamente imprescindible. Los municipios catalanes que tienen la deuda por habitante más abultada tienen tipologías muy diferentes. Por una parte hay municipios con pocos vecinos: este es el caso del más endeudado, Tiurana, en La Noguera, cada habitante debería pagar más de 4200 euros. Se trata de una población de nuevo cuño nacida del traslado de su antiguo emplazamiento a causa de la construcción del Pantano de Rialb, lo que ha forzado a poner en marcha muchos nuevos servicios. Luego están poblaciones turísticas con problemas inherentes a dicha situación, como Santa Susanna o Roda de Bará, esta última con un problema añadido de grandes urbanizaciones que se “comen” ellas solas parte del presupuesto. También están entre las más endeudadas localidades como la Baronía de Rialp o Setcases, en ambos casos con poca población.

Entre los mecanismos que podrían servir para amortiguar el problema está la posibilidad de subir impuestos, como el de bienes inmuebles, cosa que según las entidades municipalístas, ayudaría, pero que electoralmente tiene su coste y a veces no se asume.

Las entidades municipalistas están preocupadas por el boquete que la crisis ha dejado en multitud de presupuestos y reclaman una mejora de su financiación. Pero el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, Joaquim Solé Vilanova, opina que el sistema «no es malo». «Hay ayuntamientos que no revisan sus valores catastrales desde la década de 1980, y están desaprovechando una gran fuente de ingresos, el impuesto de bienes inmuebles», ejemplifica.

La buena administración choca con elementos que humanamente se entienden pero que son de difícil justificación en la distancia. Así, el efecto emulación dispara muchos presupuestos. Si una población tiene un nuevo servicio como una piscina cubierta, acostumbra a producirse un efecto de copia en poblaciones cercanas que no quieren quedar en posición menor.