Zapatero suprime 29 empresas públicas y 32 altos cargos
El Gobierno ha decidido emitir una señal de austeridad. Ha anunciado la supresión de 29 empresas públicas y elimina también 32 altos cargos en una operación destinada a reducir el gasto público. Sólo el apartado empresarial implica un ahorro del 16 millones al año.
La reorganización del sector de las empresas públicas supone eliminar catorce sociedades mercantiles y fusionar otras 24. También quedarán suprimidas la mayor parte de las fundaciones.
En lo referido al organigrama, el gobierno hará desaparecer 32 altos cargos, entre otros, ocho direcciones generales, un secretariado general y catorce organismos autónomos con rango de dirección general. La reducción de altos cargos empezará en pocas semanas y debe quedar cerrada en tres meses. De esta medida de austeridad quedan libres el ministerio de asuntos exteriores y todas las secretarias de Estado mientras no acabe el semestre de presidencia española de la UE.
Se suprimen diez organismos con funciones económicas que pertenecen a cinco ministerios distintos. De Presidencia del Gobierno desaparecen la dirección de Política Económica y la Dirección General de Política Económica, junto también a la Dirección General de Infraestructuras y Seguimiento para situaciones de Crisis.
En el Ministerio de Economía y Hacienda se eliminan la Secretaría General de Financiación Territorial, la Dirección General de Servicios y Coordinación Territorial y el Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria.
Pertenecientes al Ministerio de Fomento se ha suprimido la Dirección General de Planificación y la Dirección General de Servicios, en tanto que el Ministerio de Trabajo se queda sin la Dirección General de Servicios y la Dirección General del Instituto Social de la Marina, y el Ministerio de Industria sin la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Además, las empresas públicas prescindirán de 80 cargos directivos y 450 consejeros. Según el plan, las empresas públicas estatales recortarán en al menos un 10% sus puestos directivos, cuarenta en total, y un 15% el número de consejeros de aquellas sociedades que cuenten con un consejo de administración de más de seis miembros, 150 en total.
La misma reducción porcentual se aplicará a otras entidades públicas empresariales, lo que implicará una amortización de cuarenta puestos directivos y 300 consejeros. Habrá una excepción para el caso de las autoridades portuarias, en las que la reducción de consejeros será del 40%.
La reorganización terminará antes de que acabe el año
En cuanto a la reorganización y racionalización del sector público, con sus empresas y fundaciones, concluirá antes de que acabe el año, según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
La responsable del Gobierno explicó que este plan se aprueba «en clave de eficiencia» dentro del compromiso de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. Añadió que no se hace sólo por una cuestión de ahorro, sino para adecuar tanto la Administración General del Estado como sus empresas a las necesidades de hoy en día «con rigor, decisión y responsabilidad».
El Consejo de MInistros ha aprobado el plan a través de dos reales decretos y dos acuerdos. Según Fernández de la Vega, con estas medidas también se busca cumplir con el compromiso de reducir en un 4% los costes laborales de la administración y del sector público.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que el ahorro que supondrá la reestructuración del sector público empresarial será de 16 millones de euros anuales.
