La Generalitat y su órgano de recursos de contratación se enfrentan de nuevo por ATLL

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El OARCC justificó ante el TSJC que es competente para preguntar a otros órganos administrativos antes de resolver un caso

17 de junio de 2013 (17:40 CET)

El Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) tiene competencias para consultar a otras instituciones de la Generalitat antes de resolver un caso. Así lo justificó la entidad pública a mediados de abril ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tras un escrito de los propios servicios jurídicos de la Generalitat en el que le acusaba de supuestas ilegalidades en el documento en el que revocaba la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona, según fuentes judiciales.

El máximo tribunal catalán preguntó al OARCC si, como asegura el Govern, tramó junto al director de la empresa pública Infraestructuras de Catalunya (antigua Gisa), Juan Antonio Rosell, un plan en contra de la oferta de Acciona. El País informa este lunes que el Ejecutivo de CiU también denunció ante el TSJC que la polémica resolución se hizo sin verificar la oferta técnica de Acciona. Un ataque directo contra la institución, según otras fuentes jurídicas ajenas al proceso.

Informe

El organismo adscrito a Presidéncia aseguró ante el TSJC que nunca se han puesto en contacto directo con la persona de Rosell. Asegura que reclamó un informe al órgano especializado en obra pública de la Generalitat, Infraestructuras de Catalunya, tal y como recoge el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con este fin, el director del OARCC, Juan Antonio Gallo, envió un correo electrónico denominado Preguntas técnicas sobre expediente de contractación a la institución. El Govern basa en este mail el supuesto plan contra la adjudicación de Acciona. Se trata de un escrito con preguntas concretas sobre el proceso de adjudicación pública que se mandó tras la negativa reiterada del departamento de Territori i Sostenibilitat de entregar al propio órgano de mediación de la Generalitat las ofertas de Acciona y Agbar por ATLL, tal y como consta en la respuesta que está en manos del TSJC.

En este documento incluso se justifica que fue Infraestructuras de Catalunya quien designó a Rosell y al director de la división de obras hidráulicas de la institución, Albert Farreras, como responsables de contestar la petición de Gallo. Sólo el primero formó parte de la mesa de contratación de ATLL y, según el Ejecutivo, mostró sus reparos a la OARCC sobre el procedimiento sin informar al resto de los encargados de la adjudicación.

Pliego de condiciones

El informe de la empresa pública especializada en concursos públicos admite que Acciona modificó el calendario de obras señalado en el pliego de condiciones para la adjudicación de ATLL, informan los mismos interlocutores judiciales. El OARCC resolvió que este cambio significaba un incumplimiento en las bases del proceso, por lo que se debía quedar fuera de la adjudicación.

El TSJC debe decidir, precisamente, si comparte la opinión del organo de recursos contractuales de la Generalitat o respalda la adjudicación realizada por el Govern.
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