Apra Leven reclama judicialmente a la Junta de Andalucía 36 millones de euros

La aseguradora belga Apra Leven ha presentado este miércoles una demanda civil contra la Junta de Andalucía en la que le reclama, según fuentes judiciales, 36 millones de euros. Los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla se encargarán de valorar si la administración autonómica tiene que atender el pago de las primas de las seguros que contrató para solventar la difícil situación en la que se encontraban centenares de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en la comunidad.

Según la compañía, la Junta se comprometió a desembolsar este dinero en el marco de las ayudas públicas de carácter social que decidió impulsar y ejecutar para cubrir las prejubilaciones. De hecho, recuerdan que la administración presidida por José Antonio Griñán (PSOE) “nunca ha negado que deba estos 36 millones a Apra Leven”, afirman a Economía Digital estas mismas fuentes. Asimismo, comentan que la compañía belga tiene “multitud de cartas” remitidas por la consejería de Empleo de la Junta en las que se reconoce la deuda.

Los desencuentros entre Griñán y la aseguradora belga vienen de lejos. A medianos de 2009, y motivados por los retrasos que aseguran que ya había en los pagos de las primas, Apra Leven llamó a la puerta de la Junta y pactaron un nuevo calendario de retribuciones. Nunca se cumplieron, sostienen desde la compañía de seguros. Incluso se volvió a negociar en diciembre de 2010.

Los asegurados, los peores parados

Los peores parados por los impagados son los asegurados andaluces. En un primer momento cobraban las rentas pactadas en sus prejubilaciones, pero a principios de este año dejaron de ingresarlas. Apra Leven mantiene que no puede abonar las cantidades pactadas en las primas porque, por culpa de la Junta, su caja está vacía.

En la demanda judicial manifiestan que los impagos de la Administración andaluza son la causa principal de su intervención por parte de la Autoridad de Seguros Belga (la antigua CBFA) en marzo de 2011. En el documento judicial también achacan a la actitud de Griñán que las autoridades de control belgas (el Banco Nacional) le declararan en situación de liquidación forzosa. Y sus abogados han sido claros: sin los 36 millones de la Junta no podrán hacer frente a sus obligaciones con los asegurados españoles y belgas.

Reclamación por daños y perjuicios

Así, la demanda de Sevilla es la pieza clave de los liquidadores de Apra Leven para intentar satisfacer, en la proporción que finalmente pueda ser, los intereses de sus asegurados y acreedores. Unas operaciones que se revisan tanto por el Banco Nacional Belga como por el Tribunal de Comercio de Amberes.

Pero las acciones judiciales de la compañía belga no terminan aquí. En la misma querella anuncian una futura reclamación contra la Junta por daños y perjuicios a Apra Leven y los asegurados andaluces.