Barcelona todavía invierte en sus barracones escolares

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El Consorci d’Educació de Barcelona destina 4,8 millones a desmontar dos centros y ampliar un tercero

Imagen de la escuela La Maquinista

13 de noviembre de 2014 (20:32 CET)

Barcelona quiere acabar en los próximos dos años con las seis escuelas prefabricadas, o barracones, que todavía siguen en pie. “El objetivo es que en 2016 no haya ni un solo módulo”, explicó el concejal de educación y vicepresidente del Consorcio de Educación de Barcelona (CEB), Gerard Ardanuy, al inicio del actual curso escolar.

Esa es la intención de una entidad que depende de la Generalitat de Catalunya (60%) y del consistorio catalán (40%) que dirige Xavier Trias (CiU). Pero hasta entonces, Barcelona tiene que seguir invirtiendo en escuelas construidas a base de módulos.

Desmantelar dos, ampliar uno

Así lo demuestra la última partida destinada a estas construcciones modulares, que asciende a poco más de 4,8 millones de euros.

Fuentes de la entidad presidida por M. Jesús Mier explican que se destinará a dos objetivos inmediatos. El primero, desmontar los barracones de Encants y Can Fabra. El segundo, a ampliar el centro de La Maquinista. Todos ellos identificados con barrios obreros de la capital catalana.

Los alumnos de parvulario y primaria que todavía acuden a sus escuelas prefabricadas de los Encants y Can Fabra empezará en el curso 2015-2016 en un nuevo edificio, como explican los mismos interlocutores. Por eso, se desmontarán los módulos. El de La Maquinista, en cambio, sumará más módulos “para acoger a nuevos alumnos”, justifican. Con todo, esta escuela prefabricada no prevé cerrar sus puertas, de forma definitiva, hasta 2016.

Otras necesidades no contempladas


Además, los mismos interlocutores apuntan que esta partida también podría servir por si “se toman decisiones de escolarizaciones no contempladas, se hagan”.

El contrato, cuyo valor asciende a los ocho millones de euros aunque el CEB no pagará más de cinco millones por los trabajos, se cerrará para los próximos dos años, desde el momento de la adjudicación. Aunque la licitación contempla la posibilidad de prorrogar otros dos años.
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