Colau y Torra, en la reunión que mantuvieron en junio del año pasado en la Generalitat. EFE
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La PAH ocupa el Ayuntamiento para exigir más pisos para emergencias sociales, una de las demandas que Ada Colau hará a Quim Torra en su cita del 30 de julio

Barcelona, 19 de julio de 2019 (04:55 CET)

Ada Colau ya tiene cita con Quim Torra. La alcaldesa de Barcelona mantendrá el primer encuentro del mandato con el presidente de la Generalitat el martes 30 de julio y volverá a pedirle, como ya hizo sin éxito hace un año, tras la toma de posesión de Torra, que cumpla con las aportaciones a las que se comprometió el gobierno catalán en materia de servicios sociales. 

Eso vale para las guarderías, las residencias geriátricas o los centros de atención primaria, ámbitos en los que el callejón sin salida económico en el que está instalada la Generalitat se traduce en incumplimientos de los convenios suscritos con el Ayuntamiento. Y también para la vivienda, y, más en concreto, para la mesa de emergencias sociales, que gestiona el realojo de familias en situación de extrema vulnerabilidad, la mayoría provenientes de desahucios inmobiliarios. 

El acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno catalán establece que el primero debe aportar el 40% de los pisos de los que dispone la mesa de emergencias, y el segundo, el 60%. Pero, según denuncia Colau, el 80% de las viviendas que ahora se están destinando a ese fin en la capital catalana las está aportando el consistorio. "Nosotros hemos hecho los deberes".

La PAH ocupa el Ayuntamiento de Colau

Eso no le evitó a Colau que este mismo jueves, mientras anunciaba su cita con Torra, y subrayaba la importancia que dará a ese asunto en el encuentro, una treintena de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se instalaran en el vestíbulo del Ayuntamiento, dispuestos a quedarse, dijeron, hasta que se resuelva el colapso de la mesa de emergencias.

Según los datos de la entidad, la lista de espera para acceder a un piso de la misma está en su máximo histórico y ya alcanza a 600 familias, que permanecen instaladas en pensiones, albergues o residencias a la espera de una vivienda que no saben cuándo llegará. Algunas, insisten en la PAH, llevan así más de un año.

Los activistas, que acudieron con tiendas de campaña, solo se fueron a casa después de 10 horas de ocupación, tras forzar la convocatoria de una reunión el próximo lunes por la mañana con representantes del Ayuntamiento y la Generalitat y a la que también acudirá, como también exigían, la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Es decir, tal y como subrayaron, la ocupación interpelaba al conjunto de administraciones, y si escogieron el Ayuntamiento y no la Generalitat como lugar de acampada es simplemente porque el acceso les resultaba más sencillo, según admitía su portavoz, Santi Mas de Xaxàs.

La ocupación interpelaba así a Colau, en cuyo gobierno la acción de la PAH se recibió con incomodidad, aunque la alcaldesa evitó criticar en público a sus antiguos correligionarios. Pero también señalaba a Torra. Y, por tanto, marca a fuego la cita del 30 de julio, a la que la alcaldesa podrá acudir exigiendo más pisos no solo en nombre de su gobierno, sino también haciendose eco de una demanda ciudadana que este jueves reclamó con la protesta el primer plano mediático.

Demandas sociales a Torra

De hecho, tanto la alcaldesa como su socio y número dos, el teniente de alcalde Jaume Collboni, enfatizaron este jueves que las demandas que trasladará Colau a Torra no serán peticiones para el gobierno de la ciudad, sino para los ciudadanos. "Las prioridades son las de la agenda ciudadana, fundamentalmente de carácter social", explicó Collboni, responsable de las relaciones institucionales del consistorio.

Y eso vale para la cita entre la alcaldesa y el president y también para la comisión bilateral Ayuntamiento-Generalitat también pendiente de reactivación y que por parte municipal presidirá el líder socialista. Otra cosa es si el gobierno municipal sacará en claro de esos encuentros algo más que el mandato pasado, cuando la mayoría de sus peticiones cayeron en saco roto. Porque si entonces, a la Generalitat le tocaba gestionarlo todo con una prórroga presupuestaria que limitaba aún más su ya de por sí restringida capacidad de gasto, ahora vuelve a estar en la misma situación.

La que sí ha sido atendida finalmente es la demanda, habitual desde que empezaron a repuntar los delitos en Barcelona, de más Mossos d'Esquadra. El conseller de Interior, Miquel Buch, anunció este jueves un refuerzo de 320 agentes en la capital catalana, adelantándose así a la junta de seguridad local convocada mañana a petición de Colau para hacer frente al notorio incremento de la inseguridad en la ciudad.

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