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El ministerio de Hacienda pide explicaciones por cada factura de la Generalitat como una partida de 6.150 euros por “procesos electorales”

Barcelona, 22 de julio de 2017 (05:55 CET)

Casi en el límite. El Gobierno central no quiere dejar pasar ni una. Y ya ha puesto en marcha el mecanismo para controlar totalmente las finanzas de la Generalitat. ¿Para cerrar el grifo? No, para controlar todas las partidas que sean sospechosas de servir para la organización del referéndum. El Ministerio de Hacienda ha exigido que la Intervención General de la Generalitat ofrezca semanalmente todos los detalles de los gastos que realice la administración autonómica. El marcaje es ya total.

El detonante ha sido un desvío de 6.150 euros, dentro del programa que ya se tenía controlado sobre la “organización, gestión y seguimientos de procesos electorales”, que el Gobierno considera que se emplearán en la organización del referéndum del 1 de octubre. La partida total que ya se fiscalizaba asciende a 19.370 euros. Y el desvío, en esa cantidad, de 6.150 euros, se produjo en el mes de junio, lo que ha hecho reaccionar a Hacienda.

Por ello, el Ministerio de Hacienda envió una carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, para que en el plazo de 48 horas explicara ese desvío. Fuentes del gobierno catalán, sin embargo, aseguran que ese aviso se ha producido, pero no se ha recibido la carta, y que se dará el obligado cumplimiento. El plazo acababa, según Hacienda, este viernes, lo que explica la determinación, tras el consejo de ministros, de reclamar la total transparencia, por parte del portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo.

El control exhaustivo de las finanzas catalanas será ahora semanal, con detalles precisos de los gastos

La cuestión es que las finanzas de la Generalitat están vigiladas. De forma exhaustiva por parte de Hacienda, algo, sin embargo, que el departamento de Economía de la Generalitat ya considera que se lleva produciendo en los últimos años, tras la decisión del ministro Cristóbal Montoro, de financiar los gastos a proveedores a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). “Todo se vigila y todo se fiscaliza, desde la aplicación del FLA”, se insiste.

¿Hay cambios, en cualquier caso? Sí, el Gobierno central realizaba ese control cada mes, y ahora será semanal, a medida que se acerca el 1 de octubre, y después de comprobar que el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont ha pasado al ataque, con una remodelación de sus consejeros, dispuesto a celebrar el referéndum sí o sí, tras apartar a los “tibios”.

El hecho determinante, según las fuentes consultadas, en Moncloa y en el departamento de Economía, es que la Intervención General de la Generalitat está bajo la órbita del consejero Oriol Junqueras, pero es independiente. Su principal cometido es velar por el buen uso de los recursos públicos por parte de todos los organismos y departamentos de la Generalitat. Y, si se ha detectado un desvío, como esa partida de 6.150 euros, que no se fijaba en la anterior fiscalización de hace un mes, una posible interpretación es que sean los propios funcionarios catalanes los que hayan informado de ello.

Para el Govern de Puigdemont sólo se trata de generar miedo y amenazar a los funcionarios

Esa es la intención, al margen del marcaje férreo de Hacienda, del Gobierno central, que lleva advirtiendo en los últimos meses a todos los funcionarios de la Generalitat, a proveedores, a empresas colaboradoras y a todos los responsables políticos de las consecuencias para sus carreras profesionales, con la posibilidad de cometer, incluso, delitos penales.

Y el mensaje, por parte del Gobierno de Puigdemont, se ha recibido. “Quieren sólo amenazar, generar un clima de miedo”, insisten las fuentes consultadas de la Generalitat. En cambio, el Gobierno central insiste: “se trata de señalar que no se puede celebrar un referéndum que es ilegal”.

La advertencia de Hacienda es seria. La carta la firma el secretario de estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Y la orden es taxativa: lo que se fija es la obligación por parte de la interventora general, todos los interventores de los departamentos de la Generalitat, los responsables de las entidades, y los directores generales de presupuestos y de política financiera a informar de todos los gastos de forma semanal. Se trata ya de un control total, que no debe afectar al flujo de recursos económicos a la Generalitat, sino a las posibles actuaciones que Puigdemont y Junqueras realicen para organizar el referéndum.

El Gobierno impedirá el referéndum, otra cosa será si se produce otra especie de 9N

La medida puede generar otra acción por parte del gobierno autonómico, que estaba esperando alguna reacción. En esa dinámica se ha instalado el ejecutivo de Puigdemont, que sigue, como si fuera un torero, echando el capote a Mariano Rajoy.

El objetivo es que Moncloa provoque una especie de ‘click’ en la sociedad catalana, y que, aunque no se celebre el referéndum, la movilización en las calles sea masiva, y lleve a una posterior negociación.

Para la Moncloa, en todo caso, nada ha cambiado. “Vamos a seguir, con prudencia y proporcionalidad”, se insiste, con un único deseo: impedir el referéndum, un referéndum de verdad, con garantías y efectos vinculantes. Otra cosa será si el bloque independentista, bajo el manto del Gobierno catalán, acaba apostando por otra especie de 9N, o por una gran movilización.

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