Dos ex directivos del Sant Pau admiten que estafaron al Institut Català de la Salut

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IRREGULARIDADES EN LA SANIDAD PÚBLICA

José Ignacio Cuervo, ex directivo del Sant Pau

en Barcelona, 25 de mayo de 2015 (17:51 CET)

El primer juicio sobre las irregularidades en la gestión del Hospital de Sant Pau ha sido un visto y no visto. Los acusados, dos ex directivos del centro sanitario, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. El pacto, sellado en el primer día de juicio en la Audiencia de Barcelona, supone una condena de 10 meses y una multa de 47.000 euros tras admitir que son culpables de estafar al Institut Català de la Salut (ICS). 

Juan Ignacio Cuervo, que se enfrentaba a una pena de tres años de cárcel, está acusado de haber engañado al ICS para lograr un sueldo cuando ya cobraba uno del Hospital Sant Pau. La estrategia la ideó junto el gerente del centro hospitalario, Jordi Varela, al que se le pedían dos años de prisión. Las pesquisas del fiscal Emilio Sánchez Ulled han corroborado estas irregularidades. 

Pese a resultar perjudicado por este delito, el ICS ha permanecido al margen de la causa y no se ha personado como acusación particular. 

Atenuantes 

La petición de condena se ha rebajado ostensiblemente después de tener en cuenta varios atenuantes. El primero, el de reparación de año con carácter de muy calificado, recogido en el artículo 21.5 del Código Penal. Ambos acusados depositaron la responsabilidad civil, los 47.000 euros en el juzgado el 13 de mayo. 

Por otro lado, Varela se ha beneficiado de otro atenuante, contemplado en el artículo 65.3 del CP. Cuando el cooperador necesario no tiene los motivaciones del autor, los jueces o tribunales podrán imponer una pena inferior en grado a la señalada por la ley. 

Esta causa es una de las muchas que nace de la querella presentada por los trabajadores del Hospital Sant Pau a través de su abogado Vicente López Mourelo. El caso, que abarca irregularidades de todo tipo, aún se está instruyendo en los juzgados de Barcelona. Por resolver queda una investigación sobre el uso de los fondos de la fundación privada: las sospechas apuntan a que los beneficios que generaban las propiedades inmobiliarias de la entidad se destinaban al pago de sueldos y de operaciones externas y no a fines sanitarios. 

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