El conato de ceses de Delgado ante la demanda de Puigdemont
Dolores Delgado quiso cesar a dos letrados de la Abogacía del Estado tras un informe que la dejaba en evidencia por la demandaePuigdemont contra Llarena
La demanda de Carles Puigdemont y sus exconsellers contra el juez Pablo Llarena fue un atropellado episodio del verano, del que ahora se revelan detalles poco conocidos. El secreto más reciente en salir a la luz pone el foco sobre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y sus intentos para apagar el incendio, ceses mediante en la Abogacía del Estado.
Nuevos descubrimientos dan cuenta de que, en medio de la polémica por la indefensión de Llarena que planteó al inicio el Gobierno, la ministra exigió cambios de personal en la Abogacía del Estado, entre ellos la destitución de dos juristas clave en las causas del «procés», uno de los que era el autor de un informe que dejaba en evidencia a Delgado.
La primera reacción de Delgado: cesar a los abogados del Estado
Recordemos que, primero, el Gobierno se negó a defender a Llarena ante la demanda de Puigdemont por considerar que las declaraciones por las que se le acusaba al instructor de la causa del 1-O eran «afirmaciones de carácter privado». Tras los informes de la Abogacía y las críticas de las asociaciones de jueces, Delgado cambió de opinión.
La defensa de Llarena no fue el único punto en el que la ministra se retractó. Al calor del momento, durante una mañana de agosto, la titular de Justicia destituyó al responsable de asuntos penales de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, y al subdirector general de los Servicios Contenciosos, Luis Gonzaga Serrano.
Pero Delgado cambió de parecer horas más tarde, cuando el Ministerio de Justicia avisó a los juristas vinculados con las causas sobre el proceso independentista catalán que continuaban en sus puestos, informaron a El Mundo fuentes cercanas a los abogados. Ni Justicia ni los letrados quisieron referirse al tema. «Ni una sola palabra», dicen desde la cartera de Delgado.
Curiosamente, la decisión de destituirlos se tomó después de que se hicieran públicos los informes de la Abogacía del Estado que desacreditaban la postura de Delgado de no defender a Llarena. Se daban «los requisitos previos para autorizar la representación y defensa del juez Llarena», decía uno de los informes, rubricado por Gonzaga Serrano.
«La filtración del informe, ajena a los abogados del Estado referidos, provocó la reacción virulenta de Delgado. La crisis también afectó al departamento de prensa de Delgado, que fue reestructurado», explica el diario. Ya con la cabeza en frío, Delgado retiró las amenazas de cese a los abogados e intentó cerrar el capítulo.
A finales de septiembre, la justicia belga (donde se presentó la demanda contra Llarena) se dio un plazo de seis semanas para decidir si es competente para procesar al magistrado español.
