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El deterioro de la relación entre gobernantes y gobernados

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Las relaciones existentes entre ciudadanos y políticos jamás han sido lineales, sino todo lo contrario pues, a lo largo del tiempo, han evolucionado en cuanto a la forma de pensar y de actuar

29 de mayo de 2015 (16:51 CET)

En primera instancia, Oliet presenta la Concertación social y la estructuración corporativa de la representación de intereses como una manera de entender las relaciones entre los poderes públicos y los representados --los ciudadanos--.

El autor parte de la teoría del neocorporativismo, defendida por Schmitter, según la cual los ciudadanos se agrupan para defender sus intereses ante el Estado y éste los acepta a cambio de la colaboración en la selección de líderes o de una moderación en las reivindicaciones.

Asimismo, complementa dicha teoría con la evolución que Lehmbruch provoca en Schmitter pues acaba admitiendo una doble vertiente de este neocorporativismo: el corporativismo en sentido estricto, entendido como la intermediación de intereses, y la concertación, es decir, una fórmula consensuada e institucional de hacer y aplicar las políticas públicas.

El caso español

Examina Oliet que en España la tendencia a esta corporativización de representación de intereses, a diferencia de lo sucedido en otros países, ha sido provocada, esto es, depende en gran medida de la inducción estatal, sobre todo en lo que a la forma de ayuda a los monopolios representativos sindicales se refiere.

Diversos autores, como Marx o Weber, ya apuntaban hacia este proceso de burocratización y de concertación social, bien asumiéndolo como parte inevitable del aparato Estatal o bien como modelo organizativo. Weber, particularmente, asociaba el concepto de burocracia con el de organización y los integraba en un mismo tipo ideal como mecanismo social que maximiza la eficacia para transformar la acción comunitaria en acción social organizada.

Aclara, asimismo, que la organización burocrática implica la concentración de los recursos materiales de administración en manos de una o varias personas. Todo ello lo conecta directamente con la noción de racionalidad, entendida como la sistemática aplicación de la razón a la determinación de los medios más adecuados para la consecución de los fines perseguidos por la acción humana.

Inevitable burocratización

Así pues, entiende que esto es uno de los rasgos que define la modernidad del proceso de democracia en el que nos hallamos. Por consiguiente, la burocratización y la concertación social se presumen como inevitables.

Ahora bien, prosigue Oliet, esta ausencia de democracia interna o esta burocratización si se produce en el seno de las organizaciones –como los sindicatos- no cabe justificarla. Sin embargo, si se da en el ámbito de la toma de decisiones colectivas por la vía del acuerdo social, quedando afectada la ciudadanía en general, los posibles efectos externos de la misma plantean de forma inmediata un problema mucho más grave y relevante.

Es más, la doctrina tradicional sobre la burocracia advierte que la organización de la acción colectiva corre constantemente el riesgo de trabajar en beneficio propio, alejándose del interés común.

Las elecciones son el instrumento, a través del cual, los ciudadanos pueden tener certeza de que los políticos llevan a cabo aquello por lo que les han depositado su confianza. Se puede extrapolar la teoría de que los votantes --actor principal-- seleccionarán a un agente, le otorgarán poder y esperarán a que lleve a cabo las políticas que prefieren.

El político, por su parte, deberá rendir cuentas al ciudadano y éste compensarle con la reelección o castigarle con la derrota. Obviamente, lo que buscarán los gobiernos es influir en la opinión pública, de manera que llegarán a manipular las preferencias de los ciudadanos e influir en ellos.

Teoría maquiavélica

Es en este punto cuando la teoría maquiavélica entra en juego, pues estas estrategias podrán determinar la supervivencia de los políticos, provocando que los gobernados se acomoden a iniciativas impopulares o al incumplimiento de las promesas. Si esto sucede, el control ciudadano se activará, pues los intereses del principal --en el contrato de agencia-- no corresponden con los del agente.

Este control dependerá, sobre todo, de la información de que dispongan los votantes para poder evaluar la acción del gobierno. Asimismo, es evidente que factores externos, como los medios de comunicación, interfieren de manera directa en esta información, ya sea sesgándola o actuando con parcialidad.

Para paliar estos efectos, existen dos soluciones: la primera de ellas radica en la ocultación de las políticas impopulares, es decir, evitar que el asunto se convierta en algo público, manteniéndolooculto. Ejemplos de ello son los temas excluidos de la agenda política o bien la financiación ilegal de los partidos y la corrupción, tal y como sucedió en España en los 90, cuando el caso del enriquecimiento del hermano del vicepresidente Alfonso Guerra se hizo público.

Trasparencia

La segunda solución pasa por intentar que las políticas impopulares acaben resultando aceptadas para así evitar la sanción de los ciudadanos en los comicios electorales. El ejemplo más claro fue el referéndum convocado por Felipe González para decidir la permanencia de España en la OTAN en 1986. Después de haber sido muy crítico con la adhesión a la organización, el PSOE vio que los costes de una eventual salida eran tales que tuvo que cambiar radicalmente su posicionamiento al respecto.

Otra de las consecuencias que puede conllevar la burocratización o la ausencia de democracia interna es la corrupción política. Donatella della Porta en Los actores de la corrupción: políticos de negocios en Italia, profundiza en esta cuestión. Entiende como corrupción el hecho de que dos actores, uno público y otro privado, se encuentren e intercambien recursos. Insiste en que para comprender este fenómeno es necesario distinguir dos niveles: el macrosistema, en el que se produce la corrupción, y los individuos implicados en ella.

La corrupción política es el resultado de un cálculo racional de costes y beneficios, siendo considerados los individuos como seres calculadores que tratan de asegurar sus propios intereses en un mundo de escasos recursos, en la línea similar con lo que dicen Oliet, en relación a la corporativización, y Maravall, en referencia a los intereses de los partidos políticos.

Nacimiento de la corrupción

Aun así, en opinión de della Porta, para comprender correctamente el nacimiento y la extensión de la corrupción, es preciso observar las características de los funcionarios que realizan este tipo de prácticas corruptas. Por ello, presenta el caso de la corrupción política en Italia donde los políticos de negocios surgen en la época de transformación de los partidos, concretamente en el declive de los partidos de masas.

Estos denominados "homines novi" participan en la corrupción por el desarraigo que conlleva su entrada en la política y por la rebaja de los costes morales de la conducta ilegal. Además, los políticos, una vez contaminados por la corrupción, se convierten en agencias de socialización en la ilegalidad. Por ende, el funcionamiento de los partidos políticos también se transforma y se abandona la tarea de intermediación entre la sociedad y el gobierno. En algunas ocasiones, las prácticas corruptas movilizan miles de votos por parte del que las lleva a cabo.

Tolerancia

Es más, en el ámbito local, los ciudadanos pueden llegar a aceptar prácticas corruptas como válidas si estas les han beneficiado directamente o han revertido en pro del municipio. Según Weber, estos políticos de negocios pertenecen a aquella clase de personas que viven de la política, persiguiendo ventajas extrínsecas o instrumentales, es decir, son políticos de profesión. Pero diversos factores pueden vencer esta situación: la proliferación de nuevos partidos, una coyuntura económica adversa o un aumento de las expectativas.

Es evidente que la situación actual en España no presenta la misma magnitud que la italiana. Ahora bien, los recientes escándalos de corrupción han puesto en jaque a las instituciones políticas y al sistema de partidos. En efecto, podemos afirmar que existe un cierto neocorporativismo, entendido en las dos vertientes --la estricta y la concertación-- que defiende Oliet, pero no sólo inducido por el propio Estado.

Es más, movimientos sociales que buscaban un interés o fin concreto han defendido sus posiciones hasta que estas se han materializado o han dado lugar a la creación de un partido político, como puede ser el caso de Podemos o de Ciudadanos.

Empuje de Podemos y Ciudadanos

La emergencia de nuevas fuerzas políticas, como apunta della Porta, es un mecanismo para destapar casos de corrupción e intentar poner fin a estas prácticas. Desde luego que tanto Podemos como Ciudadanos están ejerciendo un papel importante de control y transparencia, alertando a las viejas fuerzas políticas que la sociedad quiere recuperar la relación entre gobernados y la clase política y dirimir la distancias.

Así pues, la nueva configuración del mapa político español, que ya se está produciendo, tras los comicios autonómicos y municipales celebrados, y se producirá en un futuro no muy lejano, cuando se celebren las elecciones generales, será fruto del descontento que, los partidos tradicionales, han generado y generan en los ciudadanos.
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