El Gobierno quintuplicará las sanciones a empresas que empleen de forma irregular

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Una empresa que emplee a un trabajador 'en negro' pagará un mínimo de 3.126 euros

29 de abril de 2011 (17:33 CET)

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de marzo, y que endurecerá desde ese momento las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.

En rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha querido dejar claro que el plan está pensado para recuperar el mayor número de cotizantes posible, a lo que añadió que, tampoco habrá ninguna amnistía, puesto que sólo desde el primer día en que en que se den de alta los trabajadores en la Seguridad Social las empresas podrán acceder a bonificaciones y ayudas.

"No miramos al pasado pero no habrá amnistía. Durante el periodo de tiempo anterior (al alta del trabajador) no tendrán que pagar nada, pero tampoco habrá derechos reconocidos para nadie, se reconocerán a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación", señaló.

Por otro lado, Gómez señaló que lo que sí hace el plan es "advertir con tiempo suficiente de que la legislación se va a endurecer muy significativamente". "No hemos querido sorprender", añadió, para apostillar que, "habitualmente este tipo de anuncios surten efectos positivos".

Por otro lado, desde el Gobierno también se defiende que el plan servirá para "incrementar el sistema de protección social y las garantías de los trabajadores".

Sanciones más duras

Según especificó el titular de Trabajo, el plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.

Por otro lado, cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos 'en negro' la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.

Además, la iniciativa comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.

Economía sumergida


Por otro lado, preguntado por cuántos puestos de trabajo podrían aflorar gracias al plan, el ministro de Trabajo señaló que "es muy difícil" calcular este impacto, aunque se remitió a estimaciones de la OCDE, que señalan que los niveles de economía sumergida en España "no están lejos" de los de los países del entorno europeo, situados entre el 15% y el 20% del PIB.

En cualquier caso, avanzó que una forma de conocer los efectos del plan será ver si la afiliación a la Seguridad Social aumenta en los próximos meses.
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