El Gobierno transige ante un 9N ejecutado por voluntarios

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PROCESO SOBERANISTA

Soraya Sáenz de Santamaría, Artur Mas y Mariano Rajoy

07 de noviembre de 2014 (21:43 CET)

El debate se mantendrá hasta el último instante. Las dudas han aparecido una y otra vez. Pero el Gobierno central no quiere que la situación empeore. El Presidente Mariano Rajoy es plenamente consciente del problema que representa Cataluña para la política española, con los medios europeos –principalmente anglosajones, algo muy curioso-- con los ojos puestos en el 9 de noviembre.

Y, si no se produce ningún incidente de última hora, el Gobierno ha decidido transigir ante una fórmula que sabe que es engañosa, pero que ha decidido dar por buena: la consulta la ejecutarán voluntarios, el recuento de votos lo harán voluntarios, y el Govern, pese a que lo ha organizado todo, 'formalmente' no actuará.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy da por buena la fórmula. Eso sí, siempre que ningún miembro del Govern se extralimite, y organice algún acto oficial para ofrecer los datos.

La línea roja del Gobierno

Es lo que ha ofrecido Rajoy a Artur Mas, a través de las declaraciones de los distintos responsables de los dos gobiernos. No ha habido contactos directos, pero los dos gobiernos se han entendido. El Govern ha tomado nota. Y, aunque no se ha descartado que la propia consellera de Governació, Joana Ortega, dé cuenta de los datos de participación, la idea es no pasarse de la raya.

El Govern ha propuesto, pese a dejar claro que está detrás de la consulta, que serán los voluntarios los que se encargarán de todo el operativo. Así se reiteró en la reunión de este viernes del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.  

Y el Gobierno central puede defender su posición, y eso era fundamental para Rajoy. En la decisión ha pesado la reflexión de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha sido consciente en todo momento del dilema: la conveniencia política o el respeto a la ley.

Política o derecho

El exceso de juristas de formación en el equipo de Rajoy, pero también el conocimiento del entorno europeo, llevó al Gobierno a recurrir ante el Tribunal Constitucional la segunda consulta de Mas. “En cualquier país moderno se respeta el estado de derecho”, se asegura. Pero también primaba la necesidad de no ofrecer más argumentos políticos al soberanismo, impidiendo el llamado “proceso participativo” que defiende Mas.

Para el President Mas, en todo caso, supone un avance. Aseguró que se podría votar el 9N y se podrá hacer, aunque no será una consulta, y él sabía desde el primer momento que no la podría celebrar. La sociedad civil le ha amparado en el último momento para que culmine cuanto antes el 9N y pase página.

Un resultado digno

Pero si la participación es digna para los intereses del independentismo –cómo mínimo 1,8 millones, como apuntan dirigentes de CiU, porque esa cifra es la suma de votos de CiU, ERC y la CUP en las elecciones de 2012-- Mas podrá exhibir algo de músculo, e intentar mantenerse en el Govern sin convocar elecciones anticipadas.

En cualquier caso, no todo está cerrado. Si se producen movimientos del Govern para arrogarse la consulta el mismo domingo, el Gobierno pedirá a la Fiscalía que intervenga. Pero si se deja todo en manos de los representantes de la ANC y de Òmnium Cultural, o de Joan Rigol, un veterano ex dirigente democristiano, presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, el Gobierno esperará pacientemente hasta el 10 de noviembre.

Y será el lunes cuando se pueda establecer alguna estrategia de negociación.
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